Congresista de Puntarenas arguye que él no andará con "medias tintas" en el trámite de la iniciativa de ley de la liberacionista Sandra Piszk

Por: Aarón Sequeira 7 diciembre, 2016
El diputado Carlos Hernández (suspendido del Frente Amplio) prepara un arsenal de mociones contra el proyecto de ley sobre empleo público. Patricia Mora, presidenta del FA, ha sido parte de la discusión de esa iniciativa legal en la Comisión de Sociales.
El diputado Carlos Hernández (suspendido del Frente Amplio) prepara un arsenal de mociones contra el proyecto de ley sobre empleo público. Patricia Mora, presidenta del FA, ha sido parte de la discusión de esa iniciativa legal en la Comisión de Sociales.

El trámite del proyecto de Ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del sector público no será nada fácil.

Tal como lo ha hecho el libertario Otto Guevara contra los impuestos, el diputado Carlos Hernández anunció que ya prepara 150 mociones en contra de esa iniciativa, conocida popularmente como "plan sobre empleo público".

El legislador, quien está suspendido del Frente Amplio, aseguró este miércoles, en el plenario de la Asamblea Legislativa, que nadie tendrá dudas de su posición en contra del proyecto de ley.

"Yo estoy totalmente en contra de ese proyecto. Doña Sandra Piszk (diputada del Partido Liberación Nacional) puede dormir tranquila porque, a pesar de haber votado esa moción para que los gremios y los sindicatos no estuvieran presentes, ellos mismos me han llamado y me han dicho que saben mi posición y que están conmigo", dijo el puntarenense.

Según Hernández, la iniciativa para regular el pago de los pluses salariales solamente busca "aturuzar a los empleados públicos" y aseguró que él no tendrá posiciones de "medias tintas" en esa discusión parlamentaria.

Después de varios días trabajando con un borrador del proyecto sobre empleo público, el 23 de noviembre la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa acogió una propuesta definitiva de una subcomisión para sustituir el texto original del expediente 19.506.

Ese nuevo texto, al igual que todos los relacionados con empleo público, también es objeto de ataques desde los gremios de trabajadores públicos, sin importar las diferencias de contenido con las demás iniciativas.

La subcomisión que trabajó el texto tuvo como integrantes a los liberacionistas Sandra Piszk y Ronny Monge; Emilia Molina, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Patricia Mora, del Frente Amplio; y Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Aunque la idea de la iniciativa para regular los pluses salariales busca reducir el gasto público en la planilla estatal, tendría un impacto mínimo.

Este miércoles, La Nación publicó un informe de la Dirección General del Servicio Civil (DGSC) donde se indica que un 99,9% de los empleados públicos lograron el pago de la anualidad gracias a su calificación, o sea, solo 49 funcionarios quedaron sin esa remuneración adicional.

Es decir, 33.509 funcionarios del régimen sí recibieron el plus por buena gestión. De ese total, 24.134 fueron evaluados como "excelentes", 8.616 como "muy buenos" y solo 759 como "buenos".

Afines. Consultado por La Nación, el jefe de la fracción legislativa del Frente Amplio, Edgardo Araya, dijo que no se trata de una estrategia coordinada con Hernández, pero apuntó que la visión negativa contra el proyecto es afín a la agrupación política.

"No tengo conocimiento de que haya otros (diputados preparando mociones), pero no descarto de que Gerardo Vargas Varela o José Ramírez también, en eso vamos a trabajar en equipo", apuntó el vocero frenteamplista.

Araya negó que la estrategia contra el plan de empleo público sea la utilizada por el libertario, por ejemplo, pues aduce que presentarán las mociones necesarias y que todas "tendrán sentido".

El nuevo texto del proyecto establece que las retribuciones adicionales al salario base deberán cumplir con "criterios de razonabilidad, proporcionalidad y oportunidad que satisfagan la correcta prestación de los servicios y la gestión pública en general y deberán estar relacionados con los fines y objetivos institucionales".

Las remuneraciones que se unifican son dedicación exclusiva, prohibición, carrera profesional, disponibilidad, anualidades o antigüedad y zonaje, regionalización o desarraigo.

Además, se propone un tope en los salarios del sector público de 20 veces el salario base de la categoría más baja de la Escala de Sueldos de la Administración Pública, tope que a hoy sería de ¢5.153.000.

En la propuesta, el pago por dedicación exclusiva será de 20% del salario base para bachilleres universitarios y 55% para licenciados o grados superiores. En cuanto a prohibición, los porcentajes serían de un 20% para bachilleres y 60% para funcionarios con posgrados.

El plus salarial de la disponibilidad será solamente de un 35% y los pagos por anualidad dependerán de la calificación: entre 1,45% y 1,92% para los empleados públicos calificados de muy buenos, y entre 1,94% y 2,56% para los excelentes.

En cuanto a la cesantía, será de ocho años, tal como lo establece el Código de Trabajo para todos los trabajadores, excepto los que ya tengan un beneficio mayor al momento de entrada en vigencia de la ley; eso sí, no podrá superar los 20 años.

Mientras Hernández prepara un arsenal de mociones, Ligia Fallas ha hecho llamados a los sindicatos, en particular los del Bloque Unitario Social y Sindical Costarricense (Bussco) que ella representa para irse a la calle y protestar contra la iniciativa de ley.