Por: Aarón Sequeira 18 abril
Cuatro diputados de la Comisión Especial de Pensiones señalaron a Antonio Álvarez Desanti por promover que se desechara la reforma planteada por la Supén a las pensiones judiciales.
Cuatro diputados de la Comisión Especial de Pensiones señalaron a Antonio Álvarez Desanti por promover que se desechara la reforma planteada por la Supén a las pensiones judiciales.

La diputada Marcela Guerrero, del Partido Acción Ciudadana (PAC), criticó fuertemente a Antonio Álvarez Desanti, diputado y candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), por el acuerdo con los gremios judiciales para traerse abajo la reforma del régimen jubilatorio de la Corte, propuesta por la Superintendencia de Pensiones (Supén).

Junto con ella, el también oficialista Franklin Corella y la libertaria Natalia Díaz también atacaron a Álvarez, pues acusaron que fue su negociación con los sindicatos judiciales lo que presionó para que, este martes por la mañana, parte de la Comisión Especial de Pensiones se reuniera para desechar el texto de la Supén.

En una conferencia conjunta con los oficialistas y la libertaria, el presidente de la Comisión de Pensiones, el socialcristiano Johnny Leiva, aseguró que la sesión de esta mañana es inválida.

El rojiazul aseguró que la moción de vía rápida aprobada para este proyecto de ley establece que, una vez aprobado un texto sustitutivo y aprobadas las consultas respectivas, queda suspendida la discusión de la iniciativa legal. Por eso, agregó que la decisión tomada por tres liberacionistas, un frenteamplista y un cristiano no tiene validez.

"Nosotros no hemos cedido a presiones. Lo que esperamos es que la solución para el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial sea integral y de fondo, para no tener que cargarle la factura a los costarricenses", dijo Leiva.

"Además de la mejenga y la chambonada, le están pasando por encima al presidente de la Comisión. No se puede jugar, a estas alturas una mejenga electoral", comentó Guerrero.

La propuesta de la Supén establece el aumento de la edad mínima para jubilarse de 62 años a 65, la modificación del cálculo del monto de la pensión y la fijación de un tope a esas pensiones de ¢3,9 millones.

En cambio, el planteamiento gremial, que fue la acogido de nuevo por liberacionistas y frenteamplistas, solo reduce el déficit actuarial previsto por la Universidad de Costa Rica de ¢5,3 billones a ¢4,1 billones, que a criterio de la Supén no es suficiente.

Álvaro Ramos, el superintendente, asegura que la suya es una propuesta técnica y que elimina los beneficios para jubilados futuros, pero mantiene una factura de ¢1,3 billones por las pensiones actuales y se la pasaría al Estado.

La libertaria Díaz aseguró que es inaceptable que, a menos de 15 días de dejar la curul, un acuerdo de Álvarez Desanti con las organizaciones gremiales le imponga a los liberacionistas la decisión de volver sobre sus pasos, pues originalmente los verdiblancos estuvieron de acuerdo en acoger la propuesta de la Supén.

"Lo hizo al estilo de Nicolás Maduro, en Venezuela, así lo hizo usted, don Antonio. Si unas cuantas personas se paran en las barras de público, todo el mundo tiembl.. No se vale simplemente enviar a sus súbditos para que hagan eso en la Comisión", le dijo Díaz a Álvarez en el plenario, esta tarde.

Ronny Monge, del PLN, defendió a su candidato y dijo que ya le habían advertido a Leiva que se presentarían la sesión de la Comisión, pese a la desconvocatoria de la sesión que intentó hacer el socialcristiano el lunes.

La discusión se ha centrado más en cuestiones políticas y en "apoyo solidario" a los empleados judiciales, que sobre las herramientas técnicas que servirían para darle sostenibilidad al régimen jubilatorio de la Corte Suprema de Justicia.

Ante los fuertes ataques que le lanzaron, Álvarez Desanti negó que haya acuerdos ni negociaciones recientes con los sindicatos judiciales, para hacer lo que el PLN hizo este martes junto con el Frente Amplio: revivir la propuesta de reformas menores al régimen jubilatorio de la Corte.

El liberacionista manifestó que, desde el 30 de junio del año pasado, no se mete en negociaciones relacionadas con las pensiones judiciales.

Ese día, Álvarez se reunió con voceros de los gremios judiciales, representantes de la administración de la Corte Suprema y varios legisladores, para tomar el acuerdo de que el texto que se tramitaría como reformas al régimen jubilatorio judicial iba a ser el de los gremios.

"Esa moción de vía rápida fue firmada por todas las fracciones. Es mentira que estemos nosotros (PLN) haciendo un acuerdo nuevo y es mentira decir que esto ha sido secreto, porque está en el acta de la sesión del 30 de junio. El acuerdo fue muy sencillo, tener como base el proyecto de los gremios y esperar la llegada del estudio actuarial que está preparando la UCR", comentó el jerarca parlamentario.

Él añadió que no es su culpa que la Universidad se haya atrasado tanto en la entrega de los productos convenidos con el Poder Judicial y prometio que, ante tal polémica, enviará una carta a los actuarios de la UCR para pedirles que fijen una fecha de entrega final del estudio actuarial.