El desarrollo que viven las zonas costeras del país carece de una planificación social. Esto incide en que no se pueda atender a la población que resulta afectada por la ejecución de proyectos.
Así lo afirma la “Declaración de Costa Rica: gestión de zonas costeras a favor de los pobres”, presentada ayer por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y el Colegio de Ingenieros Topógrafos.
El documento recoge el análisis de la Sexta Conferencia Regional de la Federación Internacional de Agrimensores (FIP, por sus siglas en inglés), realizada en noviembre del 2007 en nuestro país.
“Los habitantes autóctonos son desplazados de sus espacios y lugares originarios y deben reubicarse en asentamientos informales con servicios básicos limitados, condiciones ambientales inaceptables y pocas o inexistentes oportunidades de trabajo”, dice el documento.
Según Alexánder González, del programa de Regularización del Catastro y Registro de Costa Rica, la propuesta será enviada al Gobierno con el fin de que sirva como apoyo a la planificación del futuro.
Entre otras, señalan necesidades de reconocer el derecho de acceso a los recursos costeros por las comunidades locales, adoptar medidas a favor de los pobres y lograr un uso de recursos balanceado.
Falta control. Uno de los temas que se plantea es que “no existe una sola institución responsable de la gestión de la zona costera”.
“Esto dificulta que los gobiernos e instituciones respondan a la complejidad de los problemas que se presentan”, indica el texto.
Según Olman Vargas, director ejecutivo del CFIA, la declaración ofrece a las autoridades una opción para iniciar la planificación.
“Debe ser un desarrollo integral. No se trata de desplazar la pesca artesanal, por ejemplo. Hay que estimular microempresas, actividades de turismo o artesanía. Será una verdadera herramienta de planificación, no solo del desarrollo de hoteles y condominios, sino de las personas que allí habitan”, señaló.
Juan Manuel Castro, presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos, aseguró: “Le corresponde al Gobierno velar porque el inversionista aporte el capital social necesario para reparar el daño social. Puede ser con un canon”.