Las demandas por pensión alimentaria se dispararon en los últimos cuatro años. Del 2009 al 2013, las gestiones crecieron un 33% al pasar de 28.328 a 37. 832.
Según esos datos, cada año, unos 2.400 progenitores reclamaron los recursos para ayudar a cubrir las necesidades de comida, habitación, educación y recreación de los hijos.
La aplicación de la Ley de Paternidad Responsable –vigente desde el 2001– es una de las principales razones de ese aumento , según Elizabeth Picado, jueza de Pensiones en San José.
La normativa, dijo la funcionaria, ha permitido acelerar el establecimiento de la filiación y ha motivado a más personas a solicitar el pago de pensión.
“Otro factor que ha incidido es el aumento de población y el hecho de que hay más difusión de este derecho”, añadió.
La jueza admitió que otra causa podría ser los problemas de irresponsabilidad de algunos padres.
El abogado especialista en derecho de familia Pedro Beirute atribuyó el incremento en los reclamos de pensión a los problemas familiares que terminan en separación.
El proceso. Para solicitar una pensión alimentaria, los interesados o demandantes –casi siempre son mujeres– deben acudir a los juzgados de pensiones alimentarias más cercanos a sus lugares de residencia.
El Poder Judicial tiene 75 despachos que atienden esta materia, siete de los cuales son especializados y con mecanismos electrónicos para más agilidad.
Es necesario demostrar los gastos de la familia y hacer la petición verbal del monto requerido. Además, hay que probar las posibilidades del demandado.
Los casos más sencillos son aquellos en los cuales el demandado tiene el salario reportado ante la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), explicó la jueza Elizabeth Picado.
“El problema se da cuando las personas no poseen ingresos registrados. Se da el caso de hombres que tienen muy pocas entradas de dinero o los empresarios que no reportan sus gastos”, manifestó.
Cuando el obligado tiene pocos ingresos, se fija un monto con base en el salario mínimo. En cambio, cuando hay mayores ingresos, el monto se fija según el nivel de vida y al que estaba acostumbrado el niño.
Picado explicó que los montos promedios de pensión son de ¢91.000 mensuales. Las pensiones altas son pocas.
En San José se tramitan cerca de 99 casos que van entre ¢500.000 y ¢1 millón. Se manejan alrededor de 27 expedientes más que van de ¢1 millón a ¢5 millones.
Beirute consideró que fijar la pensión de acuerdo con el nivel de vida que llevaba el niño es injusto porque da pie para que se fijen pensiones impagables.
En criterio de Eugenia Quesada, de la Fundación Instituto Apoyo al Hombre, muchas veces los jueces no creen que los ingresos de los demandados son bajos.
“A veces resulta suficiente el dicho de la madre, especialmente al momento de fijar las pensiones provisionales”, manifestó.
En caso de incumplimiento recurrente del pago, el beneficiario puede solicitar al juez que ordene el apremio corporal del obligado. Las excepciones son cuando el demandado es menor de 15 años o mayor de 71.
Actualmente, en el centro penitenciario La Reforma, en Alajuela, se encuentran recluidas 341 personas por el no pago de pensión alimentaria, informó la Dirección de Adaptación Social.