El conflicto entre finqueros e indígenas sobre la posesión de tierras en Salitre de Buenos Aires de Puntarenas, obligó al Gobierno a crear una comisión para recabar datos sobre las fincas de la zona durante los próximos tres meses.
En ese tiempo, se pedirán documentos como derechos de posesión y testimonios de quienes reclaman el uso de esas tierras.
La tarea del Gobierno será esclarecer cuáles finqueros deberán ser indemnizados, para que salgan del territorio que, por ley, pertenece a los indígenas.
La viceministra de Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga, dijo que pese a que se podría durar años en resolver la situación, los gobiernos anteriores habían abandonado la atención de la disputa.
“El objetivo es determinar la situación real de los derechos sobre las tierras y garantizar la seguridad de las personas en el territorio indígena. El diálogo es una prioridad y mantendremos la comunicación en el lugar”, expresó.
El Gobierno visitará Salitre este fin de semana, para vigilar que se cumpla el acuerdo de ambas partes de no ocupar tierras ni realizar desalojos forzados de quienes, actualmente, viven en ese territorio.
Hay tres puestos de vigilancia de la Fuerza Pública en las comunidades de Cebror, Yeri y Puente.
“En la visita de este fin de semana, se dará seguimiento a los acuerdos entre ambas partes y se verificará que se mantengan las bases de diálogo instauradas en la visita anterior”, manifestó la viceministra.
Para aclarar los límites de Salitre, el Ejecutivo integró una comisión con representantes de los ministerios de Planificación y Hacienda, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (Dinadeco), Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
En Costa Rica hay 24 territorios indígenas. En la circunscripción de Salitre, el 35% de los terrenos está en manos de no indígenas, según el Programa de las Naciones Unidad para el Desarrollo (PNUD).