El país se expone a pagar $502 millones a la empresa brasileña OAS por las ganancias que dejó de percibir la concesionaria tras frenar, en abril, el contrato de la carretera a San Ramón, Alajuela.
El desembolso se daría si no llega a buen término el proceso de negociación para el finiquito del contrato, iniciado hace 22 días entre el Gobierno y los brasileños.
Esos $502 millones están contemplados en el contrato de concesión como el posible monto por pagar por lucro cesante.
Ante una consulta de La Nación, Víctor Garita, asesor legal de OAS Costa Rica, reafirmó que, de momento, agotarán la vía de la conciliación. Pero al preguntársele si insistirá en cobrar el lucro cesante, Garita enfatizó que se apegarán a lo que establece el contrato.
El siguiente paso sería un arbitraje internacional.
Pretensión del Gobierno. El Ejecutivo recurrió a la figura de la conciliación para pagar mucho menos dinero. Si las cosas le salen bien, solo desembolsará $45,8 millones por tres rubros: $33,9 millones por inversiones realizadas, casi $900.000 por concepto de especies fiscales y $11 millones correspondientes a “nuevos gastos e inversiones”.
La constructora se vio obligada a negociar con el Ejecutivo su salida luego de que la presidenta Laura Chinchilla anunciara, el 22 de abril, la finalización del contrato por mutuo acuerdo entre las partes.
En julio anterior, el Gobierno dijo que no se sentaría a negociar con la constructora hasta que desechara la posibilidad de cobrar el lucro cesante, pero el riesgo de ese cobro sigue en pie. Roberto Gallardo, ministro de Planificación y miembro de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones (CNC), aceptó que el reclamo está vigente y que nunca se formalizó la solicitud para descartarlo.
“En el momento nunca se llegó a pedir una propuesta formal (de obviar el cobro). Nosotros llevamos una nota donde les planteamos varios elementos necesarios para llegar a un acuerdo. Pero eso (el lucro cesante) quedó ahí”, explicó.
El ministro agregó que el Gobierno quiere llegar a un acuerdo antes de que termine la administración Chinchilla.
Arreglo millonario. OAS envió una carta a Gallardo, el 5 de junio anterior, donde le expresaba que para hacer efectiva la suspensión del contrato, el Estado debe pagarle, al menos, los $45 millones.
De ese monto, el concesionario se comprometió a sustentar el cobro de los $11 millones correspondientes a nuevos gastos. Los brasileños indicaron que quieren que el acuerdo llegue por la conciliación. “Nuestro trabajo se centra en una negociación apegada a la seguridad jurídica costarricense, justa y razonable para ambos” , expresaron los representantes de OAS.