El futuro del proyecto para la carretera San José-San Ramón está en manos de la Contraloría General de la República (CGR).
El ente contralor decidirá si el Banco de Costa Rica (BCR) asume el control total del proyecto, como lo pretende la adenda del contrato de fideicomiso aprobada este jueves por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). Inicialmente, el Banco sería solo administrador del fideicomiso para construir la vía de 60 kilómetros.
Esa modificación del contrato le da al BCR autonomía en la contratación de la unidad ejecutora del proyecto, la estructuración financiera, el diseño de carteles de licitación y la contratación de constructoras.
El Conavi enviaría la próxima semana a la Contraloría la solicitud de aprobación para esa ampliación de potestades.
Carlos Villalta, ministro de Obras Públicas y Transportes, explicó que en la nota a la Contraloría deberán justificar por qué se modifica el contrato. El ente contralor respondería en 10 días hábiles.
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"En los próximos días elaboraremos y presentaremos una solicitud de autorización para la consideración de la Contraloría General de la República. Posiblemente tendríamos que responder algunos requerimientos de información si así lo considera el órgano contralor, y luego debemos esperar conclusiones de esa instancia", dijo Pedro Pablo Quirós, gerente de proyecto del BCR.
El jerarca del MOPT señaló que si la CGR rechaza la petición del Conavi, se deberá construir la obra con las condiciones del contrato de fideicomiso vigente.
Eso implica que el BCR deberá sacar un concurso público para contratar la unidad ejecutora del proyecto y la estructuración financiera (este proceso consiste en calcular los costos, las tasas de retorno de la inversión y el monto de los peajes).
Los honorarios propuestos por el BCR en la adenda oscilan entre $31.000 y $38.000 por mes por concepto de comisiones por administrar el fideicomiso, y entre $147.000 y $163.000 por mes para el pago de la unidad ejecutora.
Los honorarios originales oscilaban entre $65.000 y $75.000 por comisiones fiduciarias, y no se incluían pagos al BCR por la unidad ejecutora.
Además, en la nueva versión del contrato, el BCR incluye el cobro de una tasa de administración de 1,5% del valor total de la carretera. En un inicio, el BCR pretendía el 2,5%.
Sin fecha
A pesar de que el presidente Luis Guillermo Solís ha dicho, en varias oportunidades, que espera iniciar la construcción de la ruta a occidente antes de que finalice su mandato, las autoridades encargadas del proyecto no se atreven a dar una fecha de inicio.
"No podemos dar una fecha aproximada pues dependerá del tiempo que tome la consulta en la Contraloría General y contar, de ser necesario, con el refrendo interno de la adenda", comentó Quirós.
Del mismo parecer es el ministro Villalta.
Antecedentes
En abril del 2013, el gobierno de Laura Chinchilla canceló el contrato de concesión con la empresa brasileña OAS para la ampliación de la vía a San Ramón.
El acuerdo, por $524 millones, fue frenado por la presión de los vecinos de occidente, quienes se oponían a las posibles tarifas de peaje anunciadas, pues las consideraban altas.
Para finiquitar el acuerdo con los brasileños, el Estado costarricense tuvo que pagarles una indemnización de $35 millones, la cual se canceló en dos tractos.
Por la vía a San Ramón transitan, en promedio, 84.000 vehículos diarios.
Sobre el nuevo costo de la ruta, ni el Banco de Costa Rica ni el Gobierno se atreven a dar un monto. Sin embargo, cuando los diputados discutieron el proyecto, hablaron de unos $473 millones.