Marta Acosta afirmó que el Instituto es una entidad pública aunque pretende un régimen especial

Por: Juan Fernando Lara 28 julio
La contralora general, Marta Acosta (al fondo a la izquierda), y Mario Mora, intendente de la Aresep, (frente a computadora portátil) la tarde de este jueves en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea.
La contralora general, Marta Acosta (al fondo a la izquierda), y Mario Mora, intendente de la Aresep, (frente a computadora portátil) la tarde de este jueves en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea.

San José.

La contralora Marta Acosta denunció este jueves que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) se muestra "agresivo" hacia la Contraloría General de la República y reacio a controles cuando esa entidad ha procurado examinar su salud financiera.

Así lo expresó Acosta durante su comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, a la que fue convocada para referirse al manejo de fideicomisos del sector eléctrico del Grupo ICE, su impacto en los estados financieros de la empresa, su nivel de endeudamiento y el eventual golpe a las tarifas de electricidad.

"Quisiera compartir con ustedes que hay incomodidades del ICE respecto a la Contraloría que a veces van más allá del legítimo derecho de exponer y defender sus puntos de vista. A manera de ejemplo, en estos días el ICE ha manifestado que nuestras disposiciones le generan pérdidas y son absurdas. En algunos recursos ante la Contraloría, el lenguaje que utiliza es agresivo", enfatizó Acosta.

La funcionaria hizo referencia a una medida cautelar solicitada por el Instituto contra un informe de la Contraloría, por considerar que el ente contralor pretendía "imponerle requisitos" en sus contrataciones que podían generarle pérdidas.

Según la contralora, el ICE se muestra reacio a controles y, que, en alguna medida, parece desear que se le aplique un régimen de concesiones especiales.

"La sujección al control que le corresponde como entidad pública es, bajo el modelo actual, indispensable e inevitable", advirtió Acosta.

Recordó además que el ICE es una institución pública y, en materia de energía, no está en régimen de competencia.

Como lo declaró meses atrás, Acosta insistió en que resulta imposible conocer la salud financiera del Instituto debido a que sigue sin adecuar su contabilidad a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Carlos Obregón, presidente ejecutivo del ICE, prometió en junio del 2016 ante esta comisión, que tales normas se implementarían este año.

Las NIIF son estándares técnicos contables internacionales. En la práctica sirven de marco regulador para elaborar estados financieros y presentar la información de cualquier entidad económica, porque evitan o reducen discrepancias de criterio que pudieran conducir a diferencias en los datos.

En abril de 2016, Acosta ya había comunicado a los miembros de este foro legislativo que la información contable entregada por el ICE no permitió a la Contraloría realizar un análisis del estado de sus finanzas. Hoy su mensaje fue similar.

"Los estados financieros del Grupo ICE no están basados en las normas NIIF, por tanto no es posible conocer cuantitativamente el impacto en la estructura financiera y registro contable de los fideicomisos en los estados financieros del Instituto y el nivel de endeudamiento real del Grupo ICE", alertó Acosta.

El ICE cuenta con varios fideicomisos con los cuales financia en el sector electricidad varias obras de generación, como las hidroeléctricas Cariblanco, en Sarapiquí de Alajuela y Toro 3, en Venecia de San Carlos, así como la planta térmica Garabito, en Miramar de Puntarenas.

Acosta recordó que Cariblanco, según una auditoría del ente contralor del año 2013, tuvo problemas de liquidez por variaciones en el precio del dólar y, en el 2016, presentó un 63% de endeudamiento.

En relación con Garabito, este fideicomiso presentó el año pasado un endeudamiento del 87% y una disminución en utilidades por pérdidas debido a diferencial cambiario.

Los efectos de estos cambios en la globalidad de las finanzas del ICE, sin embargo, no es posible conocerlos, aseguró Acosta.

"Según lo ha demostrado el ICE en diversas ocasiones, ellos están conscientes de que los arrendamientos asociados con los fideicomisos son financieros, pero los mantienen como arrendamientos operativos pues, si los pasaran a arrendamientos financieros, se expondrían a riesgos, debido a los términos en que negociaron los contratos" anotó Acosta.

Problemas de gestión

También Mario Mora, intendente de Energía de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) denunció ante los diputados problemas ligados al ICE y sus finanzas.

"¿Cómo discutir sobre equilibrio financiero del ICE cuando hay decisiones en las cuales hay una mala estructuración de los proyectos? Para la Aresep ya no es posible actuar como el último punto donde se detienen distintas omisiones", lanzó Mora.

El intendente hizo énfasis en que la Aresep primero defenderá los intereses de los usuarios, al recordar que tiene la potestad de excluir de las tarifas gastos sin justificación e incluso rechazar "inversiones que pudieran considerarse desproporcionadas", en referencia a los esquemas de financiamiento del ICE para sus obras.

Si bien la mayoría de proyectos del ICE se enmarcan dentro del Plan Nacional de Energía, dijo Mora, esto no puede ser justificación para trasladar a los usuarios costos excesivos de las obras, incluso aunque tengan declaratorias de interés público.

"Hemos descubierto serios problemas de gestión en todas las etapas: prefactibilidad, factibilidad y ejecución. Esto es clave porque la mayor parte de estas obras del ICE tienen plazos de financiamiento inconsistentes con la vida útil y el ciclo de los proyectos. Hay obras cuya vida útil es de 40 años pero se pretende pagarlas en 12 años, lo cual impacta mucho las tarifas", mencionó.

Mora afirmó que incluso se toman decisiones de inversión con base en informes técnicos y de rentabilidad "de alcance parcial".

A la comparecencia de Acosta y Mora acudieron los diputados Luis Vásquez, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Fabricio Alvarado del Partido Restauración Nacional, Mario Redondo de la Alianza Demócrata Cristiana (ADC), Laura Garro, Víctor Morales Zapata y Ottón Solís del Partido Acción Ciudadana (PAC), Jorge Arguedas y Patricia Mora de Frente Amplio y Aracelly Segura del Partido Liberación Nacional (PLN).