Por: Aarón Sequeira 19 abril
Los diputados han evadido, por varios años, la orden de la Sala Constitucional para establecer la violación al deber de probidad como una causa para perder su credencial parlamentaria.
Los diputados han evadido, por varios años, la orden de la Sala Constitucional para establecer la violación al deber de probidad como una causa para perder su credencial parlamentaria.

Los diputados admitieron, para estudio, un proyecto de reforma a la Constitución Política que permitiría la destitución de los legisladores que incurran en violaciones al deber de probidad en la función pública.

La decisión contó con el voto afirmativo de 45 congresistas, quienes de una vez nombraron a los nueve miembros de la comisión encargada de darle trámite a esa iniciativa. Según explicó el presidente legislativo, el liberacionista Antonio Álvarez Desanti, ese panel legislativo se instalará este jueves, en la sesión del plenario.

La admisión de la reforma constitucional planteada en el expediente 19.117 es el primer paso para cumplir con una deuda que arrastra la Asamblea Legislativa desde hace siete años, cuando la Sala Constitucional señaló que le corresponde a los congresistas la elaboración de un régimen sancionatorio que implique la pérdida de credencial como legislador.

Los casos que dieron origen a la recomendación de los magistrados constitucionales son los de los exdiputados liberacionistas Fernando Sánchez y Maureen Ballestero.

El primero por participar en la redacción de un memorando, en el 2007, que recomendaba a la Presidencia de la República amedrentar a todos aquellos funcionarios públicos que no apoyaran el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos; la segunda, por la utilización de una avioneta de la Fuerza Pública para asistir a una asamblea cantonal de Liberación Nacional, durante la campaña política del 2009.

La votación para admitir dicha reforma constitucional se logró a pesar de la oposición de diputados como Abelino Esquivel, de Renovación Costarricense, y Otto Guevara, del Movimiento Libertario, quienes han promovido entre sus compañeros desechar tal idea de crear un régimen de sanciones.

Sus gestiones lograron atrasar durante meses la admisión de esta propuesta.

En cambio, el Frente Amplio ha impulsado en diferentes escenarios la aprobación de la reforma a la Constitución, basado en "numerosos casos" que se han dado entre los muros del Congreso y que no deben quedar en la impunidad.

La iniciativa de reforma constitucional fue presentada por Ottón Solís y, una vez aprobada, debería generar modificaciones reglamentarias, para crear el procedimiento que permita sancionar a los diputados que violen el deber de probidad.

En la comisión para tramitar esa propuesta fueron elegidos, precisamente, tanto Ottón Solís, por el Partido Acción Ciudadana (PAC) como el libertario Otto Guevara, además de Marcela Guerrero, también oficialista; los socialcristianos Rafael Ortiz y Rosibel Ramos; los liberacionistas Sandra Piszk y Ronny Monge, y los frenteamplistas Gerardo Vargas Varela y Patricia Mora.

La reforma agregaría un párrafo en el artículo 112 de la Constitución Política, para establecer la violación al deber de probidad como un causa para perder la credencial parlamentaria. El texto diría así:

"La observancia del principio de probidad es de acatamiento obligatorio. La violación comprobada de dicho principio, de acuerdo con la ley, producirá la pérdida de la credencial del diputado. La ley podrá establecer nuevas causales que produzcan la pérdida de la credencial de los diputados."

Las reglas para que la Asamblea Legislativa apruebe una reforma constitucional establecen tres lecturas de la propuesta, luego la admisión del proyecto para su estudio y la conformación de una comisión especial para el análisis de la propuesta.

Esa comisión tendrá 20 días para recomendarle al plenario acoger o desechar la iniciativa, pero no podrá hacerle enmiendas. La única posibilidad es que el panel legislativo recomiende cambios por el fondo para que el plenario los valore, convertido en comisión general.

Luego de la votación en primer debate, el proyecto pasa a consulta obligatoria ante la Sala Constitucional, lo cual tarda poco más de un mes, para que el expediente regrese a votación en segundo debate. Esos trámites deben darse en la primera legislatura en que se discuta el expediente.

Posteriormente, el presidente de la República debe hacer referencia a la reforma constitucional en su mensaje del 2 de mayo, de forma positiva. En la nueva legislatura, la Asamblea deberá realizar la votación del proyecto en tres debates, en los que ya no habría posibilidades de modificación de la iniciativa, solo de discusión por el fondo.

A falta de 11 días para que concluya la tercera legislatura (mayo 2016-abril 2017) de este periodo legislativo, las dos votaciones iniciales se darían en la próxima legislatura y le tocaría a la nueva conformación del Congreso, después de mayo del 2018, hacer los trámites finales para crear un régimen sancionatorio para los diputados, con la firma del nuevo presidente de la República.