Proyecto de ley fue dictaminado el martes con votos de seis fracciones

Por: Daniela Cerdas E. 10 julio, 2015
Cientos de transportistas del Seetaxi mantuvieron bloqueadas vías principales del país tras la decisión del CTP de no renovar 1.821 placas. Una de las vías más afectadas fue la carretera de Circunvalación, cerca de la Casa Presidencial | ALBERTH MARÍN
Cientos de transportistas del Seetaxi mantuvieron bloqueadas vías principales del país tras la decisión del CTP de no renovar 1.821 placas. Una de las vías más afectadas fue la carretera de Circunvalación, cerca de la Casa Presidencial | ALBERTH MARÍN

Si uno de los responsables de bloquear calles el miércoles hubiera sido procesado judicialmente, se expondría a pasar hasta un mes en la cárcel.

No obstante, si el Congreso aprueba un proyecto de ley, dictaminado afirmativamente este martes en la Comisión de Asuntos Jurídicos, ese castigo podría ser solo de una multa de entre ¢40.340 y ¢403.400.

La iniciativa, titulada Ley para Frenar la Criminalización de la Protesta Social, propone derogar el artículo 256 bis, agregado al Código Penal por la Ley N.° 8.250, el 2 de mayo del 2002.

Dicha norma impone una pena de cárcel de 10 a 30 días a quienes participen en protestas populares que impliquen bloqueos de vías públicas.

Este proyecto fue presentado en el 2009 por el entonces diputado del Frente Amplio, José Merino del Río, ya fallecido.

El martes, los congresistas de seis fracciones dictaminaron el plan. Ahora pasará a conocimiento del plenario legislativo para su trámite de primero y segundo debates.

Uno de ellos fue el legislador del Movimiento Libertario, José Alberto Alfaro, quien fundó en el 2004 la compañía Unión Nacional de Porteadores S. A. (Unaporte), la cual recibió 772 placas del Servicio Especial Estable de Taxis (Seetaxi).

Este miércoles, cientos de transportistas que brindan este servicio bloquearon vías clave de todo el país, luego de la decisión del Consejo de Transporte Público (CTP) de no renovar 1.821 placas.

Tras estos acontecimientos, el Gobierno prometió no tolerar más la obstrucción de las carreteras, al tiempo que rechazó la intención de los diputados de suavizar los castigos.

“Usted tiene todo el derecho de manifestarse, pero esto no incluye la posibilidad de limitar el libre tránsito. La instrucción del presidente es la de actuar de inmediato contra los bloqueos”, explicó Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia.

A Mora le llamó la atención que algunos legisladores hablaran de la necesidad de actuar con mano firme contra los bloqueos y que luego existiera un dictamen a favor de eliminar la cárcel para esas conductas. “No apoyo este plan”, declaró Mora.

Apoyo. Además de Alfaro, la Comisión de Jurídicos la integran Marvin Atencio y Marco Redondo, del Partido Acción Ciudadana (PAC); Carlos Arguedas, Antonio Álvarez y Juan Luis Jiménez, de Liberación Nacional (PLN); Edgardo Araya, del Frente Amplio; Óscar López, de Accesibilidad Sin Exclusión, y Gerardo Vargas, de la Unidad Social Cristiana.

Según la iniciativa de ley, la cárcel para quienes bloqueen vías es “represiva, excesiva, desproporcionada e incongruente con un Estado de derecho”.

“La penalización con cárcel para ciudadanos implica estigmatizar como delincuentes, e insertar en el sistema penal a personas que de ninguna manera pueden ser calificadas como tales”, se justifica en el expediente.

El diputado Alfaro no atendió las llamadas ni los mensajes enviados por este diario a su móvil.

Sin embargo, el congresista Otto Guevara, jefe de la fracción libertaria, dijo que el partido está en contra de la propuesta.

“El que un diputado votara por despenalizar los bloqueos en las marchas, no compromete a la bancada. Haremos lo que esté al alcance para que este plan no se apruebe”, explicó Guevara.

Para Edgardo Araya, no criminalizar las protestas va a favor de los derechos humanos

“Hay derecho de protestar, pero también tiene que haber un derecho de transitar. Los abusos son lo que deben castigarse con otro tipo de penas. Este país deber ir a la despenalización de la protesta social”, añadió Araya.

Sin multas ni detenidos. Ninguno de los cientos de porteadores que bloquearon las vías el miércoles fue multado por la Policía de Tránsito, ni procesado por el delito de obstrucción de vías.

El artículo 111 de la ley de tránsito prohíbe transitar a una velocidad tan baja que entorpezca la libre circulación vehicular.

“Había una negociación, mientras estén en ese proceso, ¿cómo va a multar? Hay que respetar el proceso de los que se están negociando”, opinó Mario Calderón, director de Tránsito.

El ministro de Seguridad, Gustavo Mata, dijo que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades.

Tanto Mata como Calderón explicaron que el mandatario, Luis Guillermo Solís, giró instrucciones para que se actuara de inmediato para quitar los bloqueos.

Los porteadores presentaron ayer un recurso de revocatoria ante el CTP.

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