Contempla llamar a entrevista a la antigua cúpula del partido y al comando de campaña de Luis Guillermo Solís

Por: Natasha Cambronero 27 agosto, 2014

La comisión investigadora que instaló el Partido Acción Ciudadana (PAC) para analizar los gastos en la última campaña electoral, planea brindar su primer informe con hallazgos el sábado 6 de setiembre, en la sesión de la Asamblea Nacional.

Celebración del PAC en plaza Roosevelt, San Pedro de Montes de Oca.
Celebración del PAC en plaza Roosevelt, San Pedro de Montes de Oca.

Según el fiscal de la agrupación, Mario Ramírez, ese día hay “mucho interés” en entregar a los asambleístas un documento con las primeras conclusiones sobre la forma cómo se utilizaron los recursos, si hubo errores y si hay responsables.

Agregó que además se valora llamar a cuentas a los miembros del anterior comité ejecutivo del PAC, conformado por los exdiputados Olivier Pérez y Leda Zamora en la presidencia y tesorería, respectivamente, y a la actual ministra de Planificación, Olga Marta Sánchez, quien ocupaba la secretaría general.

No descartan convocar también al comando de campaña del entonces candidato presidencial, Luis Guillermo Solís, el cual estaba a cargo del hoy ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez.

“Propuse al grupo de trabajo que antes de emitir el primer informe los llamemos para una entrevista, para saber cómo se tomaron las decisiones. Aún no se toma una decisión y será hasta esta semana que definamos a quienes eventualmente estaremos convocando”, dijo Ramírez.

De momento, el grupo investigador se ha reunido en dos ocasiones y está integrado, según explicó Ramírez, por asambleístas y “personalidades distinguidas” del partido o bien, por personas que han ocupado el cargo de tesorero o un puesto en la comisión de finanzas.

Entre ellos –además del Fiscal– se encuentra el extesorero Óscar Fernández, la exdiputada Seidy Bravo y la asambleísta Antonieta Salas. Además, los dirigentes María Eugenia Quesada, Henry Arias Guido y Jeannette Román.

La comisión política del PAC decidió instalar un órgano investigador el 6 de agosto pasado, después de que La Nación revelara que el partido pagó más de ¢277 millones a uno de sus dirigentes, Jorge Sibaja Rodríguez, por autenticar firmas en trámites ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) que no eran necesarios.