El ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, pidió hacer algunos arreglos a la iniciativa, antes de que pase al plenario de la Asamblea Legislativa para su discusión en primer debate

Por: Aarón Sequeira 22 abril, 2015
Los diputados dieron el visto bueno, en la Comisión de Municipales, a la primera ley de transferencias, 15 años después de la reforma constitucional que estableció esa obligación.
Los diputados dieron el visto bueno, en la Comisión de Municipales, a la primera ley de transferencias, 15 años después de la reforma constitucional que estableció esa obligación.

Los diputados de la Comisión de Asuntos Municipales aprobaron esta mañana el dictamen del proyecto de Ley especial para la transferencia de competencias: atención plena y exclusiva de la red vial cantonal.

Minutos antes, habían aprobado un texto sustitutivo propuesto por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan) sobre la iniciativa que había presentado el gobierno de Laura Chinchilla.

Esta iniciativa deja en manos de las municipalidades los fondos y la responsabilidad de construir y reparar los caminos cantonales, casi 15 años después de que se aprobara la reforma al artículo 170 de la Constitución Política, que estableció la obligación de trasladar, periódicamente, las competencias de servicios públicos a las municipalidades y el respectivo presupuesto para cumplir con esas competencias.

El jefe de la bancada del Partido Liberación Nacional (PLN), Juan Luis Jiménez, dijo que con esta primera ley se cumple la orden de gestionar iniciativas gradualmente, precisamente al darle a los municipios la responsabilidad sobre las vías.

En la sesión de la Comisión de Municipales en que se dictaminó la iniciativa estuvo presente el ministro de Obras Públicas y Transportes, Carlos Segnini, quien solicitó hacer varios cambios a la iniciativa.

Franklin Corella, del Partido Acción Ciudadana (PAC), aseguró que la comisión optó por darle trámite al expediente 18.001 porque hace una transferencia más integral, de competencias y recursos que la otra iniciativa, el 19.140, el cual solo "transfiere recursos".

El legislador reconoció que el Ministerio de Hacienda ha tenido reservas sobre la iniciativa, por el impacto que tendría en las finanzas del Estado, calculadas en cerca de ¢64.000 millones.

"Por eso se hace necesario el trámite de proyectos como el de la lucha contra el fraude fiscal, que le daría al fisco cerca de ¢100.000 millones por año", dijo Corella.

Sin embargo, el oficialista manifestó que el Gobierno tiene un compromiso total con la descentralización del Estado. En cuanto a las recomendaciones de Segnini, serían incluidas en el plan en el trámite de mociones de fondo por vía del artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, una vez que llegue al plenario.