Por sufrir supuestas amenazas de muerte, la organización Casa Alianza solicitó al Gobierno brindar protección a varios de sus funcionarios y logró respaldo internacional para su gestión.
Dichas advertencias surgieron en medio de la celebración de un juicio que se libra en los tribunales de justicia contra una presunta red de pedófilos que operaba en el país.
La investigación previa y la denuncia respectiva la elaboraron funcionarios de Casa Alianza, una entidad no gubernamental reconocida en el mundo por su lucha en favor de la niñez.
Ayer La Nación recibió copia de varias cartas remitidas al mandatario Abel Pacheco, en donde se gestiona protección para los funcionarios de esa organización.
Entre quienes enviaron las misivas están, Gert Danielsen, profesor de la Universidad de North West, en Suráfrica. También María Pérez–Solla, secretaria general de International Protection, de Austria, y Sean Hepburn Ferrer, de la Fundación Audrey Hepburn para la niñez.
En su queja, la entidad sostiene que Rocío Rodríguez, directora de la investigación efectuada contra la red, fue objeto de seguimientos y recibió llamadas en su casa y oficina en que claramente la amenazaban de muerte.
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