EscucharUn total de 220 ofertas de dueños de autobuses recibió ayer el Consejo de Transporte Público (CTP) como parte del proceso para que esas empresas pasen de permisionarios a concesionarios de una ruta.
Ayer era el día límite para realizar ese trámite, que pretende ordenar el estado de unas 369 rutas que requieren permisos.
Mario Badilla, director del CTP, explicó que ahora sigue contabilizar cuántas de las rutas quedaron sin que sus dueños presentaran la documentación necesaria, pues en una oferta pueden venir dos rutas.
Siete años. El Consejo habilitó un proceso abreviado para dar en concesión los recorridos durante un periodo de siete años prorrogables.
En esta primera etapa –precalificación– se evaluará la capacidad de las empresas de mantener el servicio que brindan.
Las empresas permisionarias que no se hagan acreedoras de una concesión, porque no participaron, o no cumplieron con los requisitos, quedarán excluidas del actual proceso y tendrán que participar en futuras licitaciones.
Badilla explicó que esos empresarios no pierden el permiso y podrán brindar el servicio, siempre y cuando cumplan con las condiciones mínimas requeridas.
“Esas empresas lo que pierden es la oportunidad de pasar a concesión en un proceso abreviado, al no calificar en este, tendrán que ser parte de un proceso de renovación, pero de concesiones general”, expresó el funcionario.
Lo que sigue. Una vez publicada la lista de empresas precalificadas, el CTP dará cinco días hábiles para que los interesados presenten los recursos que consideren oportunos. El CTP deberá resolverlos en un mes calendario y las empresas que avancen podrán formalizar su oferta.
Badilla explicó que esta es la primera vez que se realiza este procedimiento, por lo que algunas empresas tienen 30, 40 o más años de ser permisionarias.
Algunos de los requisitos que debieron presentar los empresarios eran: los números de placa de los autobuses, año de fabricación y el modelo, el acuerdo en el cual fue aprobada la flota óptima, así como estar al día con los pagos correspondientes a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Además, debían garantizar el porcentaje de unidades que cumplan con la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad y su vida útil deber ser no menor a 15 años.
