Por: Aarón Sequeira 1 noviembre, 2016
El primer diseño del nuevo edificio legislativo implicaba una estructura de 175 metros que se colocaría entre dos torres, por encima de las instalaciones actuales del Congreso, casi todas ellas declaradas patrimonio nacional y, por tanto, intocables. Ese proyecto fue echado por tierra en abril del 2015.
El primer diseño del nuevo edificio legislativo implicaba una estructura de 175 metros que se colocaría entre dos torres, por encima de las instalaciones actuales del Congreso, casi todas ellas declaradas patrimonio nacional y, por tanto, intocables. Ese proyecto fue echado por tierra en abril del 2015.

El arquitecto que diseñó un nuevo edificio para la Asamblea Legislativa, Javier Salinas Guerrero, le propuso al Directorio legislativo un acuerdo para devolver el dinero que, según la Contraloría General de la República, el Congreso ordenó pagarle de forma indebida.

Según el presidente de la Asamblea, el diputado Antonio Álvarez Desanti, el profesional dijo estar dispuesto a que le deduzcan $25.000 (¢14 millones) mensuales durante el tiempo que le resta al desarrollo del proyecto arquitectónico, hasta completar los $690.000 (¢385 millones) que la contralora Marta Acosta exigió a los diputados recuperar.

A ese ritmo, la recuperación tardaría dos años y cuatro meses.

El 6 de octubre, la contralora denunció, ante la Comisión para el Control del Ingreso y del Gasto Público, que el Directorio del periodo 2014-2015 ordenó al Banco de Costa Rica (BCR), que administra el fideicomiso del proyecto del edificio, pagarle los $690.000 a Salinas por el diseño de un primer edificio, a pesar de que este no obtuvo todos los permisos requeridos para ser construido.

En criterio de Acosta, se trató de un pago indebido, pues el reglamento del fideicomiso estipulaba que se pagaría la totalidad del diseño una vez que pasara todos los filtros. Según dijo, la Asamblea había pagado el 40% y solo debía desembolsar el otro 60% si se concretaban los permisos, pero el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Costarricense no le dio el visto bueno al edificio que se levantaba sobre los actuales edificios patrimoniales.

Luego, el Directorio integrado por Henry Mora, Luis Vásquez y Jorge Rodríguez (el primero del PAC y los otros dos del PUSC) le encargó un segundo diseño al arquitecto, el cual ya no se levantaría sobre edificios patrimoniales, sino que se trataría de una torre en un terren ubicado al costado oeste de la Asamblea.

La propuesta de devolución planteada por Salinas Guerrero, insistió Antonio Álvarez, está sujeta a la valoración de conveniencia que hagan la Contraloría General de la República y la Procuraduría General.

Evidentemente, la devolución se haría efectiva solo si el Directorio del Congreso aprueba seguir adelante con el segundo proyecto, que ahora se trata de un edificio de 18 niveles y cuatro sótanos, de 80 metros de alto y a un costo de ¢54.500 millones.

El jerarca legislativo añadió que, por contrato, aún Salinas debe cobrar cerca de $2 millones, suma a la cual se le irían restando los $25.000 que propuso pagar por mes.

El eventual arreglo de pago no impediría que el arquitecto lleve el asunto a un arbitraje internacional, donde quiere demostrar que, en su criterio, no era necesario tener el aval del Centro de Patrimonio para llevar a la realidad el primer diseño del edificio.