Defensoría y exregulador creen que Aresep renuncia a la tarea de regular

Por: Mercedes Agüero 21 agosto, 2013

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) creó un mecanismo para que autobuseros y usuarios se pongan de acuerdo sobre la tarifa por cobrar.

Las partes podrán pactar un monto inferior al fijado por el ente regulador, siempre y cuando no se afecte a terceros, no se ponga en riesgo el equilibrio financiero de la empresa y la propuesta sea discutida en una audiencia pública.

Es decir, los pasajes decretados por la Aresep, después de extensos análisis sobre demanda, gastos operativos, inversiones y una audiencia pública, quedarían como un tope máximo que puede ser ajustado hacia la baja en una negociación posterior entre empresas y usuarios del servicio.

La propuesta surgió del intendente de Transportes, Enrique Muñoz, y fue dada a conocer el pasado 7 de agosto, un día antes de que los vecinos de las comunidades de San Juan Norte y San Juan Sur de Corralillo de Cartago salieran a las calles en protesta por un incremento de casi un 90% en los pasajes .

El mecanismo no se ha puesto en práctica, pero ya genera dudas.

La ruta de buses San José- Loma Larga, en Corralillo de Cartago, tuvo un alza de casi 90%. | MARIANDREA GARCÍA PARA LN
La ruta de buses San José- Loma Larga, en Corralillo de Cartago, tuvo un alza de casi 90%. | MARIANDREA GARCÍA PARA LN
El alza de casi un 90% en las tarifas de buses aprobada entre diciembre y enero anterior generó gran descontento entre los vecinos de San Juan Sur y San Juan Norte de Corralillo en Cartago y comunidades aledañas. Ellos reclaman a la Aresep haber utilizado datos de demanda aportados por el autobusero y que no responden a la realidad, ni a los estudios en poder de la entidad. Mientras, los vecinos de Bajo Murillo, en Mercedes Norte de Puriscal, denunciaron que el BBAABBhref="http://www.nacion.com/nacional/comunidades/Vecinos-caminan-kilometros-aumento-bus_0_1342865851.html" EEAAEEaumento del 100% en los pasajesFIAAFI los obligó a caminar en lugar de tomar el autobús.

La Defensoría de los Habitantes y otros conocedores de la materia ponen en duda si la Aresep está fijando tarifas al costo, como indica la ley, pues si fuera así los empresarios no podrían bajar los montos sin tener problemas financieros.

“(...) De nuevo la Autoridad Reguladora le insinúa a la comunidad nacional su incapacidad para fijar tarifas de equilibrio”, señala la defensora de los Habitantes, Ofelia Taitelbaum, en una carta enviada ayer al intendente de Transportes de la Aresep, Enrique Muñoz.

El actual modelo cubre con las tarifas los costos de prestar el servicio y una rentabilidad adicional.

Al respecto, Muñoz dijo a La Nación que, por modelo, las tarifas están bien fijadas, pero si por razones de eficiencia se reducen los costos, eso puede dejárselo el empresario y trasladarlo a la tarifa con una baja. También puede ocurrir que el autobusero renuncie a una parte del porcentaje de rentabilidad y lo traslade a los usuarios.

Potestad regulatoria. Los cuestionamientos de la Defensora van más allá: “Pregunta: al aceptar la Aresep acuerdos de tarifas entre empresario y usuarios ¿no está renunciando esa entidad a una de sus actividades fundamentales, a saber, la potestad de regulación económica de los servicios públicos?”, le consulta al intendente Muñoz.

Taitelbaum cree que este tipo de acuerdos, por más que sean matizados con aspectos “que pretenden darle una connotación técnica y legal”, no lo son pues la propia Ley de la Aresep limita sus actuaciones.

Este criterio lo comparte el exregulador general Hermann Hess.

“Quien tiene la potestad de fijación tarifaria en este país, según la ley, es la Aresep. No son ni los autobuseros ni los usuarios”, recordó.

El exregulador aseguró que, si hay un acuerdo directo entre usuarios y autobuseros, “el papel de la Aresep no tiene sentido”.

Olman Bonilla, asesor en tarifas de transporte y coordinador de la Red Solidaria, dijo que si usuarios y autobuseros pueden llegar a un acuerdo sobre las tarifas, estaríamos ante un servicio regido por oferta y demanda. “Entonces, ¿para qué una institución como la Aresep con presupuestos millonarios y un superávit acumulado de más de ¢10.000 millones?”, preguntó.

Muñoz alegó que la opción que se está abriendo busca formalizar situaciones de hecho que se han venido dando y en las que hay una necesidad manifiesta del usuario y de un empresario de satisfacerla. “Esto de ninguna manera significa sustituir los análisis técnicos y legales que deben seguirse para llegar a la fijación de tarifa”, dijo.