Por: Rebeca Madrigal 18 abril
El alcalde de Limón, Néstor Mattis es buscado por oficiales de la Fuerza Pública, tras no presentarse a comparecer a San José.
El alcalde de Limón, Néstor Mattis es buscado por oficiales de la Fuerza Pública, tras no presentarse a comparecer a San José.

El alcalde de Limón, Néstor Mattis, se presentó voluntariamente ante la Defensoría de los Habitantes este martes, un día después de que la entidad lo mandó a buscar con la Fuerza Pública.

El funcionario tenía una citación personal este lunes, para responder por cinco denuncias en contra del municipio; sin embargo, el alcalde decidió enviar a un equipo del gobierno local en su representación.

Su ausencia obligó a la Defensoría a pedir el apoyo de la Policía, pero los oficiales no pudieron localizarlo ayer.

Esta es la tercera ocasión en la historia de la Defensoría que es necesario recurrir a la Fuerza Pública para llamar a un funcionario.

La entidad detalló, a través de la oficina de prensa, que las denuncias en contra del ayuntamiento están relacionadas, principalmente, con asuntos de infraestructura.

Son casos separados entre los que encuentran reclamos para que la municipalidad intervenga en una aparente invasión de un bien público, la supuesta desviación de una calle pública y un reclamo administrativo por daños provocados a una propiedad.

Además, dos vecinos solicitan que la municipalidad solucione dos amenazas de inundaciones, una por el desprendimiento de una parte de la muralla del tajamar y otra por la carencia de infraestructura pluvial en una urbanización.

La audiencia de este martes la lideró la defensora Montserrat Solano Carboni.

Casos excepcionales

Según explicó la funcionaria, recurrir a la Fuerza Pública para obligar a funcionarios públicos a comparecer ante la Defensoría es legalmente viable, pero no suele ser frecuente.

El inciso 3 del artículo 12 de la Ley 7319, faculta a la Defensoría a solicitar la colaboración de la policía en estos casos. "Los funcionarios públicos, citados por la Defensoría de los Habitantes de la República deben comparecer personalmente, el día y la hora señalados; si no se presentan podrán ser obligados a comparecer por medio de la Fuerza Pública, salvo en casos de legítimo impedimento. Se exceptúan a los funcionarios que gozan de inmunidad", indica la ley.

La citación es la tercera oportunidad que se le concede al funcionario público para presentarse y rendir cuentas ante esta institución. En el caso de Mattis, ya había recibido varias convocatorias que no respondió o atendió en su momento.

"Las citaciones se hacen a menudo y por lo general vienen, en algunos casos nos dicen de antemano que no se pueden presentar este día y se cambia la fecha, pero en este caso simplemente no se presentó y la citación es personal", dijo Solano, tras la audiencia.

La defensora detalló que esta es la primera vez que ella recurre a la Fuerza Pública y se utilizó este recurso por la "reincidencia de denuncias en contra de la municipalidad".

Solano aclaró que este caso no está relacionado con ningún hecho judicial.

Polémica

Esta no es la primera vez que el alcalde se encuentra en medio de la polémica.

Entre el 2012 y el 2015, la Contraloría General de la República dictó tres sanciones contra el jerarca limonense: una amonestación escrita y dos suspensiones de ocho y 20 días. Esta última fue apelada por el alcalde y no se ha aplicado.

La entidad le atribuyó irregularidades en una contratación, uso indebido de un vehículo municipal y faltas graves e inconsistencias en la liquidación de viáticos de un viaje a China, debido a que Mattis compró un tiquete en primera clase sin seguir los procedimientos establecidos para esos casos.

En octubre del 2015, Mattis también fue llamado a comparecer ante la Comisión Especial de Seguridad y Narcotráfico por la construcción de un muelle construido ilegalmente en playa Portete, que habría sido usado por narcotraficantes.

En su momento, argumentó ante los diputados que desconocía quién edificó ese embarcadero y que la potestad sobre el terreno donde se encuentra el muelle era del Gobierno y no de la Municipalidad.

Los legisladores recomendaron su separación del puesto al considerarlo "omiso en la vigilancia de la zona marítimo-terrestre en relación con la existencia de construcciones ilegales en zona pública".