Así lo determinó una comisión de las Naciones Unidas que investigó las violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado y, en un informe presentado en 1999, afirmó que el Estado fue responsable del 93% de los crímenes de lesa humanidad, que dejaron una estela de 200.000 víctimas entre muertos y desaparecidos.
El documento precisó que entre 1981 y 1983, en un periodo que incluye al régimen de Ríos Montt, las fuerzas del Estado perpetraron un genocidio en el marco de operaciones contrainsurgentes.
El Ejército identificó a “grupos del pueblo maya como el enemigo interno, porque consideraban que constituían o podían constituir la base de apoyo de la guerrilla...”, agregó el informe.
El concepto de enemigo interno –resaltó– “fue más allá de los combatientes, militantes o simpatizantes de la guerrilla e incluyó a los civiles de determinados grupos étnicos”.
“El terror sin precedentes, provocado por las masacres y la devastación de aldeas enteras (...) desencadenó la huida de una población diversa, cuya mayoría estaba constituida por comunidades mayas” , dijo el informe.