10 octubre, 2013

Ciudad del Vaticano. AFP. El Estado del Vaticano anunció ayer haberse dotado de una nueva ley en materia de transparencia, vigilancia e información financieras, con la cual adapta su legislación a las exigencias de los organismos internacionales de control.

La comisión pontifical para el Estado de la ciudad del Vaticano adoptó el lunes la Ley XVIII, que se aplica a todos los servicios del gobierno central de la Iglesia católica y confirma las disposiciones de un decreto que ya entró en vigor el 8 de agosto por instrucción personal del papa Francisco.

El Vaticano aumentó así la vigilancia sobre sus operaciones y servicios financieros, en el marco de su cooperación con el comité de expertos europeos Moneyval en la lucha contra el blanqueo de dinero “sucio”.

La Santa Sede, que aspira a figurar en la lista de Estados irreprochables, quiere acatar los parámetros internacionales sobre transparencia, vigilancia interna e intercambio de informaciones con los organismos internacionales.

“Hemos llegado al 90% del trabajo normativo en este terreno. Por tanto, lo más importante ya se ha realizado”, manifestó a la prensa el padre Federico Lombardi, portavoz de la Santa Sede.

Desde hace tres años, las estructuras administrativas y financieras del Vaticano – entre ellas el banco del Vaticano, IOR –, antaño opacas y que permitían la colocación de fondos de origen dudoso, están siendo sistemáticamente revisadas para ser reformadas.

Este aggiornamento se ha acelerado con la elección del papa Francisco en marzo pasado.

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