París. EFE El Tribunal de lo Criminal de Pau, en el suroeste de Francia, absolvió ayer al médico Nicolas Bonnemaison, acusado de haber acelerado la muerte de siete enfermos terminales en el hospital vascofrancés de Bayona, un veredicto que se produce en pleno debate sobre la eutanasia.
La decisión llega un día después de que el Consejo de Estado, máxima instancia administrativa del país, ordenó detener la alimentación artificial de Vincent Lambert, un tetrapléjico en estado vegetativo cuyo caso había provocado división en su propia familia y en la sociedad sobre la eutanasia.
Sin embargo, el debate en torno a la eutanasia y el suicidio asistido está impregnado de emociones profundas, como lo demuestra el caso de Lambert. Horas después del fallo a favor de su esposa para suspender el tratamiento, la Corte Europea de Derechos Humanos bloqueó la decisión a pedido de sus padres, en una sentencia inusual emitida por la noche.
El caso del doctor Nicolas Bonnemaison en Francia también tuvo ribetes desusados. El profesional nunca negó haber administrado inyecciones letales a siete enfermos terminales y algunos de los familiares declararon a su favor.
El caso ha causado una gran sorpresa en Francia, pues los jueces estiman que ese médico de urgencias, que se enfrentaba con la cadena perpetua, aplicó correctamente la ley francesa sobre el final de vida cuando administraba potentes calmantes a pacientes terminales, lo que les aceleró la muerte.
Fueron las enfermeras del hospital de Bayona quienes, alarmadas por la repentina evolución de esos pacientes entre el 2010 y el 2011, alertaron a sus superiores, lo que llevó a abrir una investigación que concluyó que era el doctor Bonnemaison quien les aplicaba esos tratamientos.
El abogado de Bonnemaison expresó esperanza de que el fallo absolutorio de ayer, como el del martes en el caso Lambert, obliguen al Gobierno a actualizar la ley.
“Aquí no hay héroes ni mártires”, dijo Benoit Ducos-Ader. “Este hombre actuó como médico. Siempre lo reconoció, a pesar de los golpes que recibió ”.
La Fiscalía acabó por pedir una pena simbólica contra el galeno: cinco años de cárcel exentos de cumplimiento y su readmisión en el colegio de médicos.
Pero los jueces fueron más lejos y pronunciaron la absolución al considerar que la práctica del doctor es conforme a la ley, que ve como lícita la sedación destinada a suavizar el final de vida de los pacientes terminales y rechaza el ensañamiento terapéutico para mantener una vida de forma artificial.