En Costa Rica, Ministerio de Transportes y Procuraduría afirman que empresa necesita una concesión para poder operar

Por: Diego Castillo 16 octubre, 2015

Uber logró este viernes una victoria en el Reino Unido cuando la justicia inglesa dictaminó que el programa informático de la empresa estadounidense de transporte entre particulares es perfectamente legal.

El tribunal debía decidir si este programa informático funcionaba como los taxímetros habituales a la hora de establecer la tarifa del viaje, porque eso hubiera supuesto una competencia desleal con los famosos taxis negros de Londres.

El juez Duncan Ouseley, de la Alta Corte, dictaminó que la aplicación no opera del mismo modo que los taxímetros porque, entre otras cosas, requiere una señal de GPS para determinar el precio del viaje.

El fallo es válido para Inglaterra y Gales, porque la justicia está descentralizada en el Reino Unido, por lo que Escocia e Irlanda del Norte deberán pronunciarse una vez llegado el caso.

La empresa con sede en California se felicitó por esta "victoria del sentido común". En cambio, el London Cab Drivers Club (Club londinense de conductores de taxis), lamentó el fallo: "Malas noticias: la industria ha perdido el caso en la Alta Corte".

La autoridad del transporte público londinense fue la que llevó el caso a los tribunales buscando una clarificación sobre la legalidad del modus operandi de Uber , una empresa enfrentada prácticamente a todos los taxistas del mundo.

Conflictos legales. La empresa, que recientemente alcanzó una valorización de $50.000 millones, ha sido criticada y afronta acciones legales en todo el mundo por su modelo de negocios de bajo costo.

Uber ha sufrido problemas legales en algunos países de Europa y América Latina, como Francia, Italia, España, México y Costa Rica.

En el caso de Costa Rica, Uber ingresó al país de forma sorpresiva el 21 de agosto del 2015 bajo una figura que la empresa denomina "comunidades de autoabastecimiento".

El Consejo de Transporte Público (CTP), ente adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, considera que Uber es ilegal puesto que es un servicio remunerado de personas y, por ende, necesita una concesión pública para operar. El CTP otorga las concesiones para el transporte de personas como en los casos de los taxis formales (rojos) y los porteadores.

El pasado 29 de setiembre, la Procuraduría General de la República ratificó que cualquier servicio de transporte remunerado de personas requiere de un permiso o una concesión autorizada por el Estado.

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Franklin Corella, elabora un proyecto de ley para crear una figura legal llamada "movilidad colaborativa" de transporte de personas, una legislación que regularía el servicio que ofrece la empresa mediante una aplicación.

Uber permite a particulares contratar el servicio de transporte de otros particulares. Estos conductores son considerados contratistas independientes.

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