11 noviembre, 2015
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conversa con los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución secesionista del Parlamento de Cataluña.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, conversa con los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó impugnar ante el Tribunal Constitucional la resolución secesionista del Parlamento de Cataluña.

Madrid

El Tribunal Constitucional (TC) español acordó este miércoles la suspensión provisional e inmediata de la resolución independentista aprobada el lunes pasado por el Parlamento autónomo catalán, por lo que su contenido carece de validez.

El TC respondió así por unanimidad al recurso presentado horas antes por el Gobierno español para suspender la moción independentista catalana y ahora se abre un plazo máximo de cinco meses para que los magistrados debatan y decidan acerca de la constitucionalidad o no de ese texto secesionista.

El texto secesionista, aprobado por 72 votos contra 63, plantea que, en el plazo de un mes, comience la tramitación de las "leyes de proceso constituyente, de seguridad social y de hacienda pública", que serían las bases de una hipotética república catalana.

La moción secesionista, además, proclama que no se respetarán las resoluciones que adopte el TC contra el proceso.

Por eso el recurso del Gobierno incluye una petición a una veintena de altos cargos catalanes, integrantes del Ejecutivo regional y de la Mesa del Parlamento, para apercibirles de que una eventual desobediencia de su mandato les llevaría a incurrir en un delito y también a la suspensión de sus funciones.

El hecho de que los once magistrados del TC hayan admitido a trámite el recurso supone la suspensión cautelar de la resolución secesionista durante un plazo máximo de cinco meses.

Se trata de un plazo destinado a que los magistrados puedan analizar con detalle los argumentos planteados en el recurso del Ejecutivo, cuyo fundamento jurídico es un informe aprobado ayer por el Consejo de Estado, que es un órgano consultivo.

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