Criterio del grupo no es vinculante jurídicamente para los Estados parte

 5 febrero, 2016

Londres y Estocolmo. AFP y EFE. Aunque un panel de la ONU estimó que la detención del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, es “arbitraria” , la Fiscalía de Suecia consideró el jueves que ese criterio no afecta el caso y, por tanto, continuará adelante con la investigación.

El grupo de trabajo de la ONU sobre la detención arbitraria juzgó ilegal el confinamiento de Assange, quien vive en la embajada ecuatoriana en Londres desde el 2012 para eludir una orden de captura.

“El grupo de trabajo llegó a otra conclusión que las autoridades judiciales suecas”, declaró un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia, que busca interrogar al australiano por un caso de presunta violación.

Sin embargo, esta decisión no tiene impacto en la investigación en curso, señaló la Fiscalía sueca en un comunicado.

Recordó que la Corte Suprema de Suecia decidió en mayo pasado mantener la orden de detención en ausencia contra el periodista australiano.

La Corte, que confirmó el dictamen de dos instancias anteriores, rechazó la demanda de los abogados de Assange y aludió a la gravedad de los hechos y al riesgo de que quisiera esquivar el proceso y una hipotética pena, aunque criticó también la pasividad de la fiscala superior, Marianne Ny.

Ny, quien se opuso durante años a interrogar en Londres a Assange, cambió de opinión en marzo, porque tres de los cuatro presuntos delitos prescribían cinco meses más tarde.

“ La fiscala responsable del caso ha intentado entrevistar a Julian Assange en la Embajada de Ecuador desde marzo del 2015. Aún no ha sido posible realizar el interrogatorio, la autoridad ecuatoriana correspondiente no ha dado permiso”, indicó.

Tras conocerse la decisión del panel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el abogado de Assange, Christophe Marchand, dijo que Londres, “si respeta sus compromisos internacionales con la ONU”, debe “liberar” a su cliente.

El australiano volvió al centro de la actualidad el jueves al anunciar que estaba [[BEGIN:INLINEREF LNCVID20160204_0004]]dispuesto a salir[[END:INLINEREF]] de la legación de Ecuador si el panel de la ONU dictaminaba que su detención es legal.

“Sin embargo, si gano, y se concluye que los Estados parte actuaron ilegalmente, espero que me devuelvan mi pasaporte y acaben las tentativas de detenerme”, afirmó.

Por su parte, el Gobierno británico dijo que detendrá y extraditará a Assange si sale, y negó que esté detenido ilegalmente.

“La acusación de violación sigue en pie y la orden de arresto europea sigue vigente, así que el Reino Unido tiene la obligación legal de extraditar a Assange a Suecia”, puntualizó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

“Hemos sido consistentemente claros en que Assange nunca fue arbitrariamente detenido por el Reino Unido, sino que, de hecho, está evitando voluntariamente una detención legal al elegir quedarse en la embajada ecuatoriana”, añadió el Foreign Office.

Assange presentó en el 2014 una demanda contra Suecia y el Reino Unido ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU . Denunció que su confinamiento en la embajada ecuatoriana (de la que no sale porque el Reino Unido le niega un salvoconducto a Ecuador, que le concedió asilo) constituía una detención ilegal.

El fallo del panel de Naciones Unidas no es jurídicamente vinculante, pero en general los Estados lo aceptan.

El australiano, de 44 años, se refugió en la embajada ecuatoriana en Londres el 19 de junio del 2012 después de agotar todos los recursos en contra de su extradición de Gran Bretaña a Suecia, donde ha sido acusado de violación, pese a que lo niega.

Assange teme que Suecia lo entregue a Estados Unidos, donde podría ser procesado por haber revelado documentos diplomáticos estadounidenses en la página web WikiLeaks.

El australiano creó WikiLeaks en el 2006, y desde entonces la organización ha filtrado 500.000 documentos militares confidenciales sobre las guerras en Afganistán e Irak y 250.000 cables diplomáticos, en los que abundaban comentarios insultantes a dirigentes locales, que han irritado a Estados Unidos.