7 mayo, 2014

Londres. AFP. Cinco premios Nobel de Economía, un exsecretario de Estado estadounidense, dos ministros latinoamericanos y otras personalidades, pidieron el fin de la guerra contra las drogas en un informe de la London School of Economics (LSE) publicado ayer.

‘Ending the Drug Wars’ (Acabar con la guerra contra la droga) es el nombre del informe de la institución docente británica y va acompañado de un prólogo firmado por varias personalidades.

“Es hora de poner fin a la guerra contra la droga y encauzar masivamente los recursos hacia políticas efectivas basadas en evidencias y apoyadas en análisis económicos rigurosos”, afirma el prólogo.

El texto está suscrito por George Shultz (jefe de la diplomacia estadounidense entre 1982 y 1989, en el gobierno de Ronald Reagan), el español Javier Solana (exjefe de la diplomacia europea de 1999 a 2009), y cinco premios Nobel de economía: Kenneth Arrow (1972), Christopher Pissarides (2010), Thomas Schelling (2005) Vernon Smith (2002) y Oliver Williamson (2009).

Notables. La lista de firmantes incluye a dirigentes de alto rango, como el viceprimer ministro británico, Nick Clegg, el presidente de Polonia, Aleksander Kwasniewski, el ministro de Exteriores guatemalteco, Luis Fernando Carrera Castro, y el ministro de Sanidad colombiano, Alejandro Gaviria.

“La insistencia en la estrategia militarizada y policial de guerra contra las drogas mundial ha dado resultados muy negativos y daños colaterales”, asegura el prefacio en forma de manifiesto.

“Los resultados negativos son las encarcelaciones masivas en Estados Unidos, unas políticas altamente represivas en Asia, una enorme corrupción y desestabilización política en Afganistán y el oeste de África, una inmensa violencia en Latinoamérica (...) y la propagación de abusos sistemáticos a los derechos humanos en todo el mundo”, agregó el documento.

Los firmantes proponen que es necesaria una nueva estrategia mundial que se base en principios de sanidad pública, contención de daños, reducción del impacto del mercado ilegal, minimización del consumo problemático, experimentación regulatoria rigurosamente monitoreada, y un compromiso con los derechos humanos.