17 octubre

Barcelona

Miles de catalanes salieron a las calles, este martes, en protesta por el encarcelamiento de dos influyentes líderes independentistas acusados de sedición por la justicia.

La situación ocurre en medio de una crisis enquistada entre el gobierno regional y el central.

A mediodía, miles de empleados abandonaron sus puestos de trabajo en Barcelona y otras localidades catalanas para exigir en silencio "la liberación de los presos políticos", en referencia a Jordi Cuixart, presidente de la asociación Omnium Cultural, y de Jordi Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).

En la plaza barcelonesa de Sant Jaume, el presidente catalán, Carles Puigdemont, y parte de su gobierno se unieron a los manifestantes, que gritaban "libertad", "independencia" y "la represión no es la solución".

El ayuntamiento de Barcelona suspendió actividades hasta el jueves "en solidaridad" con los detenidos, anunció la alcaldesa Ada Colau.

Miles de personas protestaron por el encarcelamiento de dos influyentes líderes independentistas.
Miles de personas protestaron por el encarcelamiento de dos influyentes líderes independentistas.

Las próximas 48 horas podrían ser cruciales para el futuro del conflicto entre los ejecutivos de Madrid y Barcelona, que llevó al primero a rebajar las previsiones de crecimiento económico para el 2018, de 2,6% a 2,3%.

"Todo el apoyo a las movilizaciones, pero sobre todo no caigan en las provocaciones" del Estado español, dijo en rueda de prensa el vocero del gobierno catalán, Jordi Turull, quien advirtió: "La rendición no forma parte de ninguno de los escenarios de este gobierno".

Los últimos acontecimientos llegan en un momento de bloqueo en el contencioso creado por las ansias de independencia del gobierno de Cataluña, una región de 7,5 millones de habitantes que representa el 19% del PIB español.

El jefe del ejecutivo español, Mariano Rajoy, emplazó a Puigdemont a que clarificara si declaró o no la independencia la semana pasada, a lo que este contestó el lunes con una oferta de diálogo pero no con un "sí" o un "no".

Ahora, el presidente catalán tiene hasta el jueves para responder de nuevo y eventualmente rectificar.

Marcha con velas

Cuixart y Sánchez fueron encarcelados a la espera de un posible juicio por la jueza Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, sospechosos de haber convocado, dirigido y arengado el 20 de setiembre en Barcelona una protesta contra unos registros de la Guardia Civil.

Durante la jornada está prevista, a partir de la tarde, una marcha de protesta con velas por un tramo de la Diagonal, uno de los principales ejes de la capital catalana.

"La decisión de privarnos de libertad de la Audiencia Nacional es una decisión carente de todo fundamento jurídico y procesal", dijo Jordi Sánchez, en un artículo publicado en el diario Ara que dejó preparado por si era encarcelado.

Por su parte, Cuixart dejó un video apelando a "la serenidad" y anunciando que su organización trabajará "en la clandestinidad", si es necesario, de manera pacífica.

El presidente catalán, Carles Puigdemont, y parte de su gobierno se unieron a los manifestantes.
El presidente catalán, Carles Puigdemont, y parte de su gobierno se unieron a los manifestantes.

El delito de sedición puede acarrear hasta 15 años de cárcel. En la misma causa están imputados el jefe de la policía catalana, Josep Lluís Trapero, y una subalterna suya, Teresa Laplana, quienes seguirán en libertad pero no podrán abandonar el país y tendrán que presentarse periódicamente en los juzgados.

El auto de la jueza Lamela señala a Sánchez y Cuixart como los "principales promotores y directores" de una multitudinaria concentración el 20 de setiembre ante la consejería regional de Economía, donde la Guardia Civil estaba buscando documentos relacionados con la organización del referendo de autodeterminación del 1.° de octubre.

Durante horas, los agentes no pudieron salir, debido a la muchedumbre agolpada frente al edificio.

Igualmente, los manifestantes independentistas dañaron tres vehículos del instituto armado. Ambos líderes se subieron a uno de ellos y llamaron a una "movilización permanente".

A la vista de esto, la jueza decretó su encarcelación porque temía que pudieran "destruir fuentes de prueba" o incurrieran en "reiteración delictiva", toda vez que pertenecen a un "grupo organizado" que busca "fuera de las vías legales la independencia de Cataluña".

Ante las múltiples voces que tildaron a los dos de "presos políticos", el delegado del gobierno en Cataluña, Enric Millo, explicó, este martes, en declaraciones a Catalunya Radio: "Nos equivocaremos si juzgamos a la jueza, aquí hay separación de poderes".

Lo que ocurrió ante la consejería catalana de Economía "no se puede calificar de actuación pacífica y cívica", ahondó el delegado.

Tribunal Constitucional anula ley por la que se convocó referéndum en Cataluña

Además, el Tribunal Constitucional español anuló definitivamente la ley catalana por la que el gobierno regional convocó al referendo sobre la independencia, recordando que Cataluña no tiene el derecho a la autodeterminación.

La corte informó en un comunicado haber "declarado la inconstitucionalidad y nulidad de la totalidad de la Ley de Cataluña 19/2017, de 6 de sepiembre, denominada 'del referéndum de autodeterminación', suspendida cautelarmente el pasado 7 de setiembre".

"Para ninguno de los 'pueblos de España' (...) existe un 'derecho de autodeterminación'", indicó el fallo unánime de los 12 jueces del tribunal. El "'derecho' a promover y consumar su secesión unilateral del Estado (...) no está reconocido en la Constitución", agregó.

Desde el 2014, la justicia española ha anulado sistemáticamente las decisiones y resoluciones del ejecutivo y del parlamento catalanes destinadas a la organización de un referendo de autodeterminación.

La ley por la que se convocó el referéndum fue suspendida al día siguiente de ser votada por el parlamento regional catalán, en una caótica sesión que fue calificada por diputados unionistas como "golpe de Estado" de la mayoría independentista.

El referendo tuvo lugar el 1.° de octubre, pese a los esfuerzos del gobierno central y la justicia española por impedirlo, y estuvo marcado por cargas policiales.

La consulta, que no contó con las garantías electorales habituales, fue ganada por el sí con un 90% de los votos y un 43% de participación, según los independentistas.

El gobierno central insiste en que las autoridades catalanas están en la "ilegalidad" y amenazan con suspender, en parte o en su totalidad, la autonomía de Cataluña.