El proceso está detenido hasta que el Tribunal Constitucional resuelva dos recursos presentados por el Gobierno central

 6 octubre, 2014
Manifestantes independentistas frente el edificio del ayuntamiento de Barcelona
Manifestantes independentistas frente el edificio del ayuntamiento de Barcelona

Barcelona

Uno de los miembros de la recién creada junta electoral de la consulta sobre la independencia de Cataluña renunció a su cargo al entender que la votación, suspendida cautelarmente por la justicia española, no ofrece garantías democráticas.

"No puedo avalar una consulta que, a mi parecer, no ofrece garantías democráticas", anunció el domingo en su cuenta de Twitter el catedrático de ciencia política Joaquim Brugué, uno de los siete miembros nombrados para la comisión de control encargada de supervisar la votación prevista para el 9 de noviembre.

"Me parece que nos estaríamos haciendo más daño que beneficio si realizáramos la consulta en estas condiciones", explicó este lunes el catedrático en una entrevista a la radio regional Rac1.

El nombramiento y creación de esta comisión, con las funciones propias de una junta electoral, sembró polémica en esta región del noreste de España al producirse una vez que el Tribunal Constitucional había suspendido cautelarmente la ley de consultas y el decreto de convocatoria aceptando un recurso del gobierno español.

Hasta que los magistrados no se pronuncien definitivamente sobre el fondo de la cuestión, la sentencia también prohíbe todo acto de preparación para el 9 de noviembre.

Aun así, el presidente catalán Artur Mas firmó el pasado jueves el decreto de creación de esta comisión, que entró en vigor el día siguiente al publicarse en el diario oficial del gobierno regional de Cataluña.

Pocas horas después, mientras los partidos proconsulta catalanes decidían mantener en pie la convocatoria en una maratoniana reunión, el gobierno español de Mariano Rajoy anunció que impugnaría la constitución de dicha comisión ante la justicia.

Así, este lunes la abogacía del Estado español presentó un escrito ante el Tribunal Constitucional pidiendo la anulación de esa comisión de control, alegando precisamente que su constitución vulnera la suspensión cautelar de la ley de consultas decretada por ese Alto Tribunal.

A diferencia del gobierno británico, que el 18 de septiembre permitió el referéndum en que Escocia optó por el "no" a la independencia, Madrid se opone firmemente a la celebración de la consulta catalana.

En su opinión, esta región nororiental de 7,5 millones de habitantes, con una quinta parte de la riqueza nacional y una marcada identidad cultural, no puede pronunciarse unilateralmente sobre esta cuestión, ya que la soberanía nacional recae sobre el conjunto de la población española.

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