En Madrid y Barcelona se apuesta por más inversión social sin dañar las finanzas

 12 junio
 La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (izquierda), y su homóloga de Barcelona, Ada Colau, asistieron el viernes a la reunión internacional de gobiernos de las
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena (izquierda), y su homóloga de Barcelona, Ada Colau, asistieron el viernes a la reunión internacional de gobiernos de las "Ciudades sin Miedo", que tuvo lugar en la capital de Cataluña.

Madrid

Debutantes en política, dos mujeres de izquierdas dirigen desde hace dos años las grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona, con un credo: es posible aumentar considerablemente el gasto social sin hundir las cuentas.

Una de ellas, Manuela Carmena en Madrid, es una jueza jubilada de 73 años. La otra, Ada Colau en Barcelona, una exactivista del derecho a la vivienda, de 43.

Impulsadas por el movimiento de los "indignados" contra la austeridad y la corrupción, conquistaron las dos ciudades liderando unas "plataformas ciudadanas" apoyadas por el nuevo partido de izquierda radical Podemos.

Desde el 13 de junio del 2015, las gestionan con el apoyo principalmente del Partido Socialista, sucediendo a 24 años de gobiernos de derechas en Madrid y cuatro en Barcelona.

Y "no ha pasado ninguno de los desastres anunciados" por sus detractores, señala a medio mandato Jordi Alberch, director del Círculo de Economía, un influyente foro de reflexión económica barcelonés.

"Las dos ciudades han mantenido una dinámica positiva, funcionan y no veo síntomas de 'revolución roja'", asegura.

Desigualdades crecientes, contaminación, dificultades de acceso a la vivienda: las dos urbes se enfrentan sin embargo a problemas que están lejos de desaparecer o incluso se han acentuado en estos dos años, les reprocha la oposición.

Más gasto social. Pero Madrid reivindica un aumento del gasto social del 22% en 2016, mientras que en Barcelona se incrementó en un 50% durante el mandato.

"Lo que hemos hecho ha sido ahorrar, eliminar toda una cantidad de gastos suntuarios, de privilegios", resumió Manuela Carmena. "Eso nos ha permitido incrementar mucho el gasto social y a su vez pagar la deuda", reducida en más de 1.700 millones de euros bajo su gestión, aunque sigue muy alta, en 3.800 millones.

Su alcaldía dejó de alquilar a alto precio locales no municipales y renunció a palcos VIP en el abierto de tenis. Otro ejemplo simbólico: los dos hoteles más lujosos de la ciudad ya no estan exentos de impuestos, explica la portavoz de la alcaldía, Rita Maestre, de 29 años.

La oposición ironiza sobre este "milagro de la reducción de la deuda". "No se lo han gastado porque no saben hacerlo", dijo la portavoz del partido centrista Ciudadanos, Begoña Villacís, atacando su inexperiencia.

"Han decidido priorizar la amortización anticipada de la deuda antes que construir una sola escuela infantil o una biblioteca (...) son incapaces de gestionar", acusó.

"No estamos condenados a repetir las políticas neoliberales o a caer en las manos de la extrema derecha (...) Es posible tener políticas más redistributivas", expresó el argentino Gerardo Pisarello, alcalde interino de Barcelona durante la baja por maternidad de Colau.

Y "las cifras macroeconómicas siguen siendo buenas", subrayó: la ciudad mediterránea registró un superávit de 97,5 millones en el 2016, la deuda se redujo de 972 a 836 millones de euros y el desempleo en un 15%.

Atención a vivienda. La defensa del derecho a una vivienda digna une a ambas alcaldías.

La alcaldesa de Madrid entre el 2011 y el 2015, Ana Botella "vendió 4.000 viviendas públicas en tres años a fondos de inversión buitres", destacó Maestre. "Nuestro plan es haber construido más de 4.000 para el 2019".

En Barcelona, "hemos puesto todas las herramientas a nuestro alcance", dijo Pisarello: compra de inmuebles codiciados por fondos de inversión, construcción de 1.900 viviendas sociales y otras 4.100 proyectadas, detención de 2.000 desahucios, incentivos para alquilar inmuebles vacíos...

Pero "no es suficiente", lamentó el alcalde en funciones. El precio del alquiler subió un 10% en el 2016.

También se ha reforzado el control de inmuebles turísticos no declarados, e incluso se ha multado a la plataforma de alquiler vacacional Airbnb con 600.000 euros por promocionarlos. Tampoco se pueden abrir nuevos hoteles en el centro para que el turismo "sea sostenible", indicó Pisarello.

El portavoz del partido conservador PDECAT Joaquim Forn, del antiguo gobierno municipal, criticó la medida, que según él ha impedido la apertura de dos hoteles de lujo y provocado la pérdida de 1.000 empleos directos.

Para la alcaldía, "la prioridad es la redistribución de la riqueza, pero no la creación de riqueza", lamentó.

Las dos alcaldías también impulsan políticas más "verdes".

Sus nuevas políticas no son del agrado de todos y, especialmente en la capital, hay sectores muy beligerantes.

El editorialista conservador Miguel Ángel Belloso, exdirector del diario económico Expansión, atacó en un artículo "el proyecto totalitario" de Carmena, "una sectaria roja pero lista" dedicada a la "persecución del automóvil".