Dublín. EF.E El primer ministro irlandés, Enda Kenny, pidió perdón por los abusos cometidos contra menores en colegios religiosos, dos días después de que el Tribunal de Derechos Humanos condenó al país a pagar una multa e indemnizar a una víctima de maltratos.
La corte , con sede en Estrasburgo, dio el martes la razón a Louise O’Keeffe, de 46 años, quien denunció y señaló al Estado irlandés como responsable de los abusos físicos y sexuales sufridos en 1973 a manos del director de la Escuela Nacional de Dunderrow, un centro administrado por la Iglesia católica, aunque con fondos públicos, en el condado sureño del Cork.
“Me gustaría decirle a Louise O’Keeffe que pido perdón por lo que le pasó en el centro en el que estaba y por las horrendas experiencias que tuvo que soportar”, dijo ayer el líder del Gobierno de Dublín.
El Tribunal de Derechos Humanos impuso una multa de 30.000 euros a Irlanda, pero también obligó al Estado a pagar a O’Keeffe 85.000 euros por los gastos derivados del proceso, lo que abre las puertas a que otras víctimas reclamen ser indemnizadas.
Once de los 17 jueces de Estrasburgo que dictaron sentencia, le dieron la razón y consideraron que Irlanda no cumplió su obligación de proteger a O’Keeffe contra los abusos sexuales.
Extensos abusos. En la actualidad, la Justicia irlandesa tramita 135 denuncias similares a la presentada por la víctima, si bien la cifra podría aumentar considerablemente después del precedente sentado.
El Tribunal Supremo de Dublín ya condenó en el 2006 al director de la citada escuela, Leo Hickey, a pagar 305.104 euros a O’Keeffe, pero eximió al Estado de toda responsabilidad, como pidió la demandante en una apelación posterior, motivo por el cual llevó su caso fuera de las fronteras irlandesas.
En su fallo, el Tribunal de Derechos Humanos halló deficiencias en los sistemas del Estado irlandés de detección y gestión de denuncias de abusos contra menores durante la década de los setenta.
En concreto, sus jueces lamentaron que no se tomara acción alguna cuando O’Keefe presentó una primera denuncia contra Hickey en 1971, que, de haber sido atendida, dijeron, podría haber evitado más abusos contra la víctima y otros menores.
El educador fue procesado por primera vez a principios de los años noventa por 386 abusos cometidos contra 21 antiguos estudiantes y en 1998 recibió una condena de tres años de cárcel.
Varias investigaciones llevadas a cabo en este país han revelado, en los últimos años, los miles de abusos sexuales, físicos y emocionales a menores de edad desde principios del siglo XX, y la complicidad entre la Iglesia católica y las autoridades del país para proteger y ocultar a sus culpables .