La indignación entre la mitad aproximada de la sociedad catalana que apoya la independencia aumentó en los últimos días, y, con ella los apremios a que Puigdemont dé el paso definitivo.

 22 octubre

Barcelona

Una multitud de personas portan banderas catalanas pro-independentistas de Estelada y banderas del País Vasco durante una manifestación en el pueblo vasco de Beasain, al norte de España.
Una multitud de personas portan banderas catalanas pro-independentistas de Estelada y banderas del País Vasco durante una manifestación en el pueblo vasco de Beasain, al norte de España.

Los independentistas catalanes sopesaron este domingo los pasos que tomarán en la crucial semana próxima, para hacer frente al plan del gobierno central de destituir al ejecutivo regional y tomar otras medidas, cuya constitucionalidad era objeto de debate.

"Todos los escenarios pueden estar y han de estar previstos", afirmó el portavoz del gobierno catalán, Jordi Turull, en declaraciones a Catalunya Radio.

"Hemos de tomar decisiones, como dijo el presidente [catalán Carles Puigdemont], con todas las consecuencias", explicó Turull, sin revelar su alcance.

Cuando se le preguntó si aceptaría la destitución si viniera del gobierno de Mariano Rajoy, respondió: "Me debo al presidente de la Generalitat de Cataluña".

La cuenta atrás para el cese del gobierno independentista catalán y la toma de control de la región por parte del gobierno central empezó el sábado con el anuncio de las medidas para "restaurar el orden constitucional" en Cataluña.

El Senado admitió a trámite la petición del gobierno de Rajoy de usar el artículo 155 de la Constitución —para llamar al orden a un gobierno autonómico desobediente— y tirar adelante su plan, que incluye convocar elecciones regionales en máximos seis meses. La cámara votará la medida el próximo viernes.

Elecciones o declaración de independencia. El lunes, los portavoces de los diferentes partidos con representación en el parlamento catalán se reunirán para fijar la fecha del próximo pleno, que podría ser una nueva oportunidad de declarar unilateralmente la independencia en cumplimiento de los resultados del referendo inconstitucional del 1 de octubre.

En su respuesta a la batería de medidas que prepara el gobierno central, Puigdemont dijo que pedirá al Parlamento que actúe "en consecuencia" con "el intento de liquidar nuestro autogobierno y nuestra democracia".

La indignación entre la mitad aproximada de la sociedad catalana que apoya la independencia aumentó en los últimos días, y, con ella los apremios a que Puigdemont dé el paso definitivo.

Otras voces le reclaman que convoque elecciones antes de que lo haga Rajoy, lo que aparece como una vía de salida a la crisis antes de que el Senado vote el viernes.

Pero Turull dijo que esa opción "no está sobre la mesa".

Otra de las incógnitas es cómo Rajoy materializará su amenaza de destituir al gobierno catalán y el resto de las medidas. Pero su ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aclaró este domingo en la BBC que "no vamos a detener a nadie".

"El problema no es aplicarlo, es cómo aplicarlo". Así dijo a la AFP el profesor de derecho constitucional Xavier Arbós, de la Universidad de Barcelona, sobre un artículo 155 de la Constitución de 1978 que hasta ahora nunca se usó a fondo.

Las organizaciones independentistas calibran lo que se avecina. Rubén Wagensberg, portavoz de En Pie de Paz (En Peu de Pau), un colectivo pacifista y opuesto a la violencia creado hace poco, explicó a la AFP que "si entra la guardia civil a una de las instituciones catalanes, habrá resistencia pacífica".

"Se podría conseguir una movilización muy importante, como ya se vio en otras partes, como para proteger los colegios electorales el 1 de octubre", aseguró, sobre la jornada del referendo que se tradujo en cargas policiales y heridos, unas estampas perjudiciales para el gobierno de Rajoy.

El anuncio de las medidas de Rajoy podría redefinir los espacios políticos en Cataluña, y el independentismo podría atraer, en su enfrentamiento con Rajoy, a la izquierda representada por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

El sábado Colau participó en la multitudinaria manifestación independentista de Barcelona para reclamar la puesta en libertad de dos líderes del movimiento, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, y denunció que "Rajoy ha suspendido el autogobierno de Cataluña por el que tanta gente luchó".

Este domingo Cataluña se mantuvo en calma, pero en el País Vasco centenares de personas hicieron una cadena humana en solidaridad con los catalanes pero también reivindicando sus propias ambiciones independentistas, mientras que otros centenares se congregaron en la céntrica Puerta del Sol en Madrid.

En el País Vasco centenares de personas hicieron una cadena humana en solidaridad con los catalanes.
En el País Vasco centenares de personas hicieron una cadena humana en solidaridad con los catalanes.

Cantando "Madrid está con el pueblo catalán" y con una pancarta que leía "No al 155", los manifestantes rechazaron la intervención de la autonomía catalana y pidieron la liberación de Cuixart y Sánchez, constató un periodista de AFP.

Los planes del gobierno central incluyen la posibilidad intervenir los medios de difusión públicos catalanes y la policía regional.

El ministro Dastis dijo en la BBC que quieren asegurarse de que "hay puntos de vista plurales en todos los servicios audiovisuales".

Hay un fuerte debate sobre si las acciones del gobierno son legales, y algunos consideran que son inconstitucionales, como el profesor Xabier Arbós, quien resalta que "la Constitución reconoce el derecho a la autonomía".

En cualquier caso, afirmó Arbós, el panorama es poco claro, porque "la declaración de independencia es posible, pero hacer efectiva la independencia es imposible".