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Madrid. AP y AFP. La victoria judicial de una activista de ETA en su batalla contra el Estado español, sentó un precedente legal que podría obligar al país ibérico a excarcelar a más de 130 presos, la mayor parte del grupo terrorista vasco, con múltiples delitos de asesinato.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (conocido también como Tribunal de Estrasburgo) falló ayer a favor de la etarra Inés del Río, de 53 años, condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos.
Del Río debió ser liberada en el 2008, pero la Justicia le aplicó la llamada “doctrina Parot”, que fija la reducción de condena por beneficios penitenciarios sobre el total de su pena (en este caso, 3.828 años), y no sobre el máximo de 30 años de encarcelamiento que prevé la legislación española.
Los magistrados europeos consideraron que la doctrina española vulneró los derechos penitenciarios que asisten a los presos, exigieron la inmediata puesta en libertad de Del Río y condenaron a España al pago de 30.000 euros ($40.990) a la afectada por daños morales.
La sentencia del Tribunal, con sede en Estrasburgo, Francia, es inapelable y de obligado cumplimiento para España como país firmante de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Del Río, de 53 años, saldría en libertad en las próximas semanas, después de que se cumplan una serie de trámites legales. Ella está presa desde 1987.
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Activistas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo protestaron ayer, en una conferencia de prensa en Madrid, en contra de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. | AFP (JAVIER SORIANO)
Sienta precedente. Aunque el fallo es individual, sienta jurisprudencia. Los más de 130 presos que siguen en prisión gracias a esta vía judicial, podrán apelar a Estrasburgo y, eventualmente, ser liberados. El Gobierno de Madrid lamentó la decisión y dejó claro que la sentencia no abre de par en par las puertas de la cárcel.
“La sentencia ha sido desfavorable”, reconoció el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. “Pero no puede tener el mismo reproche penal quien ha matado a 20 personas que quien haya cometido un único asesinato.
”Ante hipotéticas y previsibles demandas de excarcelación en circunstancias semejantes, se analizará caso por caso”, añadió.
La “ doctrina Parot ” –que toma su nombre del dirigente etarra Henri Parot– estableció en el 2006 que las redenciones de pena se aplican sobre el total de una condena. En su momento, se usó para evitar que miembros de ETA como Del Río salieran de prisión antes de tiempo, gracias a beneficios penitenciarios y cumplieran el máximo de 30 o 40 años, según el caso, que contempla el Código Penal.
Según el Gobierno español, el fallo de Estrasburgo dejaría en la calle a casi 100 presos etarras y a 40 de los presos comunes más peligrosos del país.
Se trata de casos como el del etarra Domingo Troitiño, condenado por 25 asesinatos consumados, y Juan Carlos Arruti, con 24 cargos de homicidio. A ellos se les aplicó la “doctrina Parot” para prolongar hasta el máximo legal posible su encarcelamiento.
Ruiz-Gallardón calificó la doctrina Parot de “justa con las víctimas” y muy “útil en la lucha contra el terrorismo y contra los crímenes más abyectos”. Pero admitió que España no tiene más remedio que acatar los fallos de Estrasburgo.
Consternación. La Asociación de Víctimas del Terrorismo , que agrupa a decenas de familiares de las casi 830 víctimas mortales de ETA, pidió al Gobierno que no cumpla la sentencia.
“Esperemos que no se acate porque España quedaría sin derechos humanos”, arguyó la presidenta de la Asociación, Ángeles Pedraza.
“Lo único que pedimos es justicia y dignidad”, dijo Jesús Faucha, quien se desempeñó como agente de la Guardia Civil.
Faucha, corpulento y de pelo canoso, aún tiene en mente el momento cuando el 25 de abril de 1986, mientras conducía un todoterreno por el centro de Madrid, un coche bomba explotó a su derecha. Provocó la muerte de cinco de sus ocho compañeros y a él le dejó graves secuelas físicas.
España, Estados Unidos y la Unión Europea consideran a Patria Vasca y Libertad (ETA) como una organización terrorista, a la que se responsabiliza de la muerte de más de 825 personas en una campaña violenta encaminada a crear un país vasco independiente entre España y Francia.
La organización separatista vasca anunció el término de sus operaciones armadas en octubre del 2011, tras años de acoso policial, pero todavía no ha mostrado su intención de disolverse y entregar el armamento.
