8 noviembre, 2014

Barcelona. AFP Cataluña, una de las 17 comunidades autónomas que componen España, dispone de amplias competencias dentro de un país, donde el reparto de poderes entre el Gobierno Central y los ejecutivos regionales es complejo.

El jefe del Gobierno español, el conservador Mariano Rajoy, no se cansa de repetirlo: “Tenemos un Estado con un nivel de descentralización mucho mayor que Estados Unidos, que Alemania y que los pocos estados federales que existen en el mundo”, asegura, al sugerir que los independentistas catalanes no deberían de quejarse.

España es un Estado muy descentralizado, en el que cada una de estas regiones dispone de parlamento, gobierno y ciertas leyes propias.

La Constitución adoptada en 1978, tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975 , define en dos de sus artículos las competencias exclusivas del Estado central y una serie de competencias compartidas, pero con una arquitectura tan compleja que las discusiones no cesan.

Las leyes que garantizan la igualdad de todos los españoles ante la ley, la nacionalidad, la inmigración, las relaciones internacionales, la defensa y la justicia competen al poder central, al igual que la moneda, el régimen aduanero, la defensa, el comercio y la política exterior.

Otros temas son compartidos: en sanidad, educación, investigación o derecho civil y laboral; por ejemplo, el Estado fija reglas generales, pero las regiones disfrutan de libertad de ejecución.

Diferentes autonomías. Algunas de estas autonomías tienen el legado de reinos y principados antiguos y conservan ciertos de sus poderes. Así, el País Vasco y Navarra disfrutan de privilegios fiscales que las otras regiones no tienen.

Hoy, estas dos comunidades recaudan los impuestos y transfieren después una parte al Estado central.

Cataluña, con 7,5 millones de los 47 millones de habitantes del país, y que aporta cerca del 20% del PIB nacional, dispone de la mayor autonomía después del País Vasco, sobre todo en materia de educación y sanidad. Tiene también una policía propia, pero reclama, además, la autonomía fiscal de los vascos y navarros.

Cataluña tuvo por unos años un estatuto muy favorable con grandes transferencias de competencias y su reconocimiento como “nación”, negociado con el anterior gobierno socialista.

Estuvo en vigor desde el 2006 hasta que fue rebajado por una sentencia del Tribunal Constitucional en el 2010, a petición del gobernante y conservador Partido Popular. Desde entonces, el descontento crece en Cataluña.

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