Londres y Bruselas. EFE. El primer ministro británico, David Cameron, presentó ayer un conjunto de medidas draconianas para controlar la inmigración comunitaria en el Reino Unido y prometió negociar con sus socios de la UE para que acepten sus reformas.
En un evento que tuvo lugar en una planta que fabrica equipos para la construcción en Staffordshire, centro de Inglaterra, Cameron pronunció su muy esperado discurso sobre inmigración, cuando faltan menos de seis meses para las elecciones generales.
El plan, que solo saldrá adelante si Cameron es reelegido para un segundo mandato, impone duras restricciones a los comunitarios que quieran trabajar en el Reino Unido, como el plazo de seis meses para que hallen trabajo o haber vivido cuatro años en el país antes de beneficiarse de subsidios estatales.
Aunque Cameron reconoció que se trata de unas medidas “radicales”, las consideró “razonables” y “justas” por la fuerte presión que sufren los servicios esenciales, como las escuelas y los hospitales.
Además de obligar a los comunitarios a volver a sus países si no encuentran trabajo en seis meses, los tories quieren hacer más difícil que los inmigrantes de la Unión Europea (UE) traigan a sus familiares.
La iniciativa también busca acelerar el proceso de deportación de los condenados por delitos y extender el periodo de expulsión del país de aquellas personas que fueron deportadas por delitos relacionados con la mendicidad y el fraude.
Entre otras cosas, Cameron dijo que quiere prohibir la entrada de inmigrantes de países recién adheridos a la UE hasta que sus economías se equiparen con las de los socios comunitarios.
Además, se reforzará la vigilancia de los llamados matrimonios de conveniencia, mientras que se obligará a los caseros que verifiquen el estatus de inmigración de sus inquilinos.
Los planes fueron dados a conocer un día después de que la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS) facilitó las últimas cifras de inmigración, que se sitúan muy por encima de lo esperado.
Según la ONS, la inmigración neta a este país –la diferencia entre los ciudadanos que llegan y los que se marchan-– fue de 260.000 personas entre los meses de junio de 2013 y de 2014, frente a los 182.000 computados en ese mismo periodo del año anterior.
Reforma comunitaria. Cameron ha prometido que sus propuestas servirán de base para negociar una reforma de la UE, lo que implicaría modificar los tratados, antes de convocar el referendo sobre la permanencia o salida del país del bloque antes de que termine el 2017, pero siempre que los tories ganen las elecciones.
El primer ministro pronunció este discurso cuando se da un avance en las urnas del Partido de la Independencia del Reino Unido (UKIP) , antieuropeo y antiinmigración, de Nigel Farage.
“Está claro que la gente se siente frustrada. Se reduce a una palabra: control” , puntualizó David Cameron.
“La gente quiere que el Gobierno controle el número de personas que vienen aquí y las circunstancias en que lo hacen”, añadió.
Si bien Cameron admitió que el Reino Unido apoya el principio comunitario de libertad de movimiento de los trabajadores, consideró de suma importancia impedir que haya abusos.
“Tenemos intención de reducir la inmigración de Europa atajando los abusos, limitando la capacidad de los inmigrantes de quedarse sin tener un trabajo”, añadió el jefe de Gobierno.
También aclaró que si sus inquietudes no son escuchadas, “no descarta nada”, lo que ha sido interpretado como una clara señal de que está dispuesto a considerar la salida de la UE.
El líder de la oposición laborista, Ed Miliband, acusó a Cameron de “no tener credibilidad” en materia de inmigración y de haber “roto” las promesas de recortar el número de extranjeros.
La Comisión Europea (CE) reaccionó ayer mismo a las palabras de Cameron y dijo que sus propuestas deben estudiarse y debatirse con “calma”.
“Son ideas del Reino Unido y forman parte del debate. Tendrán que ser examinadas sin dramatizar y deberían ser discutidas con calma y cuidado” , manifestó en rueda de prensa el portavoz comunitario, Margaritis Schinas.
Recordó que “la lucha contra los abusos del sistema depende de los políticos nacionales” y que esa posibilidad está permitida en la legislación europea.