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Roma. EFE y AFP. El juicio contra el capitán del Costa Concordia, Francesco Schettino , por el naufragio del crucero en enero del 2012, comenzó ayer en Grosseto, en el centro de Italia, con el barco aún encallado frente a las costas de la isla italiana del Giglio.
En esta primera audiencia del juicio por el naufragio del barco de la naviera Costa Cruceros (el 9 de julio hubo que aplazarla por una huelga de abogados), la defensa del capitán solicitó de nuevo que se pactase la pena, para evitar la condena máxima de 20 años de prisión contra el sospechoso.
La defensa de Schettino propuso una pena de 3 años y 5 meses de prisión para el capitán, acusado de homicidio culposo múltiple, abandono de la nave, naufragio y de no haber informado a las autoridades portuarias inmediatamente de la colisión frente a Giglio, que dejó 32 muertos , entre ellos dos peruanos y un español.
Schettino, uno de los primeros en abandonar la nave tras el naufragio, considera una injusticia que él sea el único de los seis imputados en el proceso que está en un juicio oral, después de que en la audiencia preliminar no se aceptara la propuesta de su defensa de pactar la pena, algo que sí ocurrió en el caso de las otras cinco personas.
De hecho, la causa contra estos otros imputados se tratará el día 20, en una audiencia preliminar en la que se estudiarán las penas de entre uno y dos años propuestas para el responsable del puente de mando, Ciro Ambrosio; la oficial Silvia Coronica y tres personas más.
El buque gigante, que transportaba 4.229 personas de 60 nacionalidades, chocó el 13 de enero del 2012, en una noche fría, contra los arrecifes de la pequeña isla del Giglio, en una maniobra del capitán para acercarse a la costa. Eso produjo la muerte de 32 personas.
Inmediatamente después de que la defensa del capitán presentara la solicitud de pacto, el fiscal Francesco Verusio se opuso a la idea, como ya lo hizo la Fiscalía en la audiencia preliminar.
El juicio contra Schettino es un proceso de cifras cuantiosas, que se celebra en el Teatro de Grosseto por las numerosas solicitudes para participar en él, con 4.228 personas que se han declarado damnificadas, 62 abogados y 242 peticiones de constitución como parte civil, de las que se espera que los jueces admitan unas 60.
