“Encaramos la sesión con una actitud muy optimista, más allá del resultado en el número. Creemos que, en general, va a haber 60 votos a favor (de 72 senadores) y cuatro o cinco en contra”, dijo Miguel Ángel Pichetto, jefe del bloque oficialista de la Cámara Alta.
Tras su casi segura aprobación en el Senado, el Gobierno aspira a que la expropiación se debata en la Cámara de Diputados en la primera semana de mayo para que se convierta en ley.
El proyecto de ley, anunciado por la presidenta Cristina Fernández el 23 de abril, plantea además “declarar de utilidad pública el logro del autoabastecimiento, así como la explotación, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos”.
Los principales bloques de oposición, como la socialdemócrata Unión Cívica Radical (UCR) y el Frente Amplio Progresista (socialistas y centroizquierda) anticiparon que acompañarán “en general” el proyecto oficialista, aunque incluirán variantes en algunos artículos.
Incluso anticipó su voto positivo el senador y expresidente Carlos Ménem (1989-1999), pese a haber sido su gobierno el gran impulsor de la privatización de YPF en 1992.
El grupo petrolero Repsol, que controlaba YPF desde 1999 y ostentaba el 57,4% de las acciones, intensificó junto al Gobierno español la presión sobre Argentina, al anunciar, en las últimas horas, acciones legales contra toda empresa que invierta en la firma expropiada.
Tras declarar la semana pasada que la expropiación de la petrolera era “una decisión hostil”, el ministro de Industria español, José Manuel Soria, suavizó ayer el tono al subrayar el deseo de Madrid de “mantener las mejores relaciones con todos los Gobiernos, incluido el de Argentina”.
En la misma línea se había expresado la víspera el canciller José Manuel García Margallo en una reunión de ministros europeos de Relaciones Exteriores en Luxemburgo, donde defendió la postura de su país ante la expropiación del 51% de las acciones de YPF.
“No se discute el derecho de Argentina a apostar por la soberanía energética”, afirmó. “Lo que se discute es que pueda expropiar sin pagar”, agregó.
“Nosotros no estamos en contra de Argentina. Los argentinos son hermanos para nosotros, pero deben respetar los pactos y los acuerdos a nivel internacional”, declaró a ABC Punto Radio.
Repsol reclama a Argentina los $10.500 millones en que valora la empresa expropiada, estimación que fue rechazada por las autoridades de Buenos Aires.
Entretanto, la calificadora de riesgo Moody's advirtió ayer de que la iniciativa del Gobierno argentino para expropiar el 51% de las acciones de la petrolera YPF aumenta el riesgo de inversión en Argentina.
Moody's puntualizó en un comunicado que la decisión adoptada por el gobierno de Cristina Fernández “tiene implicancias negativas para YPF, Repsol YPF, su matriz española, y para otras empresas argentinas y españolas con intereses en Argentina “.
La agencia indicó que la medida también “implica un mayor riesgo de refinanciación para la deuda de corto plazo de YPF, que representa casi dos tercios de la deuda en su balance” .