Nicosia. AFP, EFE El presidente chipriota, Nicos Anastasiadis, aseguró ayer que la investigación acerca de todos los escándalos de la tormenta financiera en la que la isla está sumergida, llegará a todo nivel, incluida su familia.
La prensa chipriota está plagada de rumores sobre transferencias providenciales efectuadas por los allegados de Anastasiadis, su predecesor comunista, Demetris Christofias –cuyo mandato terminó hace un mes–, u otras personalidades políticas.
El Gobierno nombró la semana pasada una comisión investigadora compuesta de tres exjueces de la Corte Suprema, a cargo de sentar las responsabilidades, incluso penales, en la crisis e identificar eventuales delitos de datos privilegiados o favoritismos.
“Quiero insistir en el hecho de que en ocasión de la ceremonia de juramento hoy (martes) de estos tres jueces, recibirán un mandato para investigar sobre todo lo que puede estar vinculado a mi persona, incluso a mis allegados”, declaró Anastasiadis.
Sin embargo, salió al paso de las acusaciones del rotativo chipriota Jaravyí, al negar ayer que hubiera dado datos privilegiados a sus familiares para que sacaran dinero.
“Ni sabía ni tampoco hubiera podido dar datos privilegiados justo cuando estaba luchando el sábado (15 de marzo) por evitar lo que nos han impuesto”, aseveró.
Al borde de la quiebra, Chipre obtuvo el 25 de marzo un rescate internacional de 10.000 millones de euros (12.800 millones de dólares) a cambio de una reestructuración de su sistema bancario que harán perder parte de sus ahorros por encima de los 100.000 euros a los depositantes de los dos principales bancos del país, el Bank of Cyprus y el Laiki Bank.
Castigarán privilegios. Estas pérdidas masivas, que afectan fuertemente a las empresas y con consecuencias dramáticas en toda la economía, alimentan resentimiento hacia cualquiera que haya podido beneficiarse de algún privilegio.
Las acusaciones en la prensa hablan de sumas transferidas desde los dos bancos concernidos hacia el extranjero justo antes de que estallara la crisis.
La comisión, que funcionará por tres meses con posibilidad de extenderse otros tres meses, debe investigar también una lista entregada a la prensa griega de personalidades políticas y sus allegados a los que los bancos condonaron sus deudas, por millones de euros en los últimos cinco años.