Washington. AFP. Un tribunal estadounidense declaró ilegal, el jueves, la recolección masiva de datos telefónicos de la Agencia de Seguridad Nacional Estadounidense (NSA) , al estimar que esas operaciones sobrepasan el marco legal fijado por el Congreso.
Las leyes sobre las cuales se apoya la NSA para efectuar esa operación “nunca han sido interpretadas para autorizar nada que se aproxime a la amplitud de la vigilancia que se ha puesto en cuestión aquí”, señaló el pronunciamiento.
Sin llegar a referirse a la constitucionalidad del programa de vigilancia, el tribunal estimó que la NSA sobrepasó el marco fijado por el Congreso en el famoso “artículo 215” de la ley antiterrorista Patriot Act , votada tras los atentados del 11 de setiembre del 2001, cuyo objetivo era facilitar el seguimiento de los sospechosos de terrorismo, incluso en Internet.
La NSA recolecta continuamente millones de “metadatos” de las llamadas telefónicas hechas en EE. UU.: su duración, su ubicación, el número llamado, el tiempo, pero no su contenido.
El fallo se dio tras una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) contra la NSA y la Oficina Federal de Investigaciones ( FBI) , a raíz de las revelaciones sobre los vastos programas de vigilancia en documentos filtrados por el excontratista Edward Snowden .
La ACLU y otros defensores de las libertades estiman que este programa constituye una intrusión masiva en la privacidad, y da una ayuda mínima en el esfuerzo antiterrorista.
Estos metadatos pueden proporcionar considerable información personal, incluyendo sus “afiliaciones cívicas, políticas o religiosas”, o “si ha tenido y cuándo una relación sentimental”, dijo el tribunal.
De acuerdo con la Corte, la interpretación del Gobierno “desafía todo principio de limitación”, ya que podría también recolectar y almacenar masivamente “todos los metadatos del sector privado, incluidos los datos asociados a los registros financieros, médicos y de comunicación electrónica (incluidos los correos electrónicos y la información de las redes sociales) de todos los estadounidenses”.
No obstante, el tribunal se negó a emitir una orden judicial para detener el programa.
“Teniendo en cuenta los problemas de seguridad nacional involucrados, creemos que es prudente hacer una pausa para permitir al Congreso debatir lo que podría alterar profundamente el panorama jurídico”, concluyó el tribunal.
“Esta es una victoria contundente para el Estado de derecho”, reaccionó el representante de la ACLU, Alex Abdo, quien resaltó que “el tribunal rechazó la teoría del Gobierno de que se podría almacenar información sobre todos por si fuera necesario en el futuro”.
Los políticos estadounidenses están debatiendo actualmente sobre la reforma o la extensión de esta ley. Si dejan que expire el 1.° de junio, pondrían bruscamente fin al programa de recopilación de datos, pero dejarían un vacío jurídico que preocupa a algunas ONG, ya que potencialmente concierne a otros programas.
Los críticos de la NSA, tanto republicanos como demócratas, aplaudieron la decisión del tribunal.
“Esta decisión es monumental para los amantes de la libertad”, consideró el senador republicano Rand Paul, de tendencia libertaria y candidato a las primarias presidenciales del 2016.
Los reformistas tratan de hacer aprobar una ley para antes del 1.° de junio, la cual pondría fin a la recopilación sistemática de los metadatos telefónicos. La ley, llamada USA Freedom Act (Ley de Libertad de EE. UU.), debe ser examinada la próxima semana en la Cámara de Representantes y tiene el apoyo de muchos grupos estadounidenses de Internet como Google, Yahoo o Facebook.
Pero los amigos, especialmente republicanos, de la comunidad de inteligencia resisten y defienden una extensión del programa.
Por su parte, el presidente Barack Obama apoya los proyectos de reforma. El mandatario aboga por “un mecanismo alternativo para preservar las capacidades fundamentales del programa sin que el Gobierno pueda conservar los datos”, recordó Edward Price, secretario adjunto de prensa del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Los defensores de la vida privada también están divididos. Algunos estiman que el Freedom Act solo reforma “modestamente” los programas de vigilancia.