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Agentes de la Policía Militar de Honduras esperan para arrestar a supuestos traficantes de drogas, entre ellos al menos una mujer, en Tegucigalpa el 24 de febrero. El Congreso aprobó una nueva reforma penal que intenta frenar el crimen organizado. (AFP)
Tegucigalpa
El asesinato de una víctima de extorsión, una práctica asociada a las pandillas, tendrá una sanción de prisión "a perpetuidad", según un paquete de leyes penales sancionado este lunes por el presidente Juan Orlando Hernández.
"Si se llega a causar la muerte al extorsionado (...) se debe imponer una pena de prisión a perpetuidad", anota la Ley para el Fortalecimiento y Efectividad de la Política de Seguridad, puesta en vigor por el mandatario.
Según la reforma a la legislación penal, se impondrán 50 años de prisión a quienes recurran a la práctica de la extorsión.
La legislación tipifica como "terroristas" a los integrantes de las pandillas que incendien vehículos durante las extorsiones.
Las pandillas tienen entre la espada y la pared a los miembros del transporte público, empresas distribuidoras y pequeños comerciantes por el cobro de extorsiones.
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Más de una decena de vehículos fueron incendiados este año presuntamente porque sus dueños se negaron a pagar el "impuesto de guerra" que cobran las pandillas.
También es considerado terrorista quien "realice actos destinados a causar la muerte o lesiones corporales graves, incendios" y "cuando el propósito de dicho evento sea intimidar o causar estado de terror en la población o de obligar a un gobierno o una organización internacional a realizar o abstenerse a realizar cualquier acto".
La reforma penal generó polémica por fijar sanciones de hasta ocho años de cárcel para "quien públicamente a través de medios de comunicación o difusión destinados al público hiciere apología e incitación a actos de terrorismo", un punto cuestionado por organizaciones de periodistas que consideran que atenta contra la libertad de expresión.
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Además, recibirán la misma pena quienes hayan participado en "ejecución" de actos, o incitaran a otros a cometer o financiar actos de terrorismo.
Revisión. El Congreso revisará la reforma penal para determinar si, efectivamente, vulnera la libertad de expresión, informó este lunes un dirigente del gremio de los periodistas.
Dagoberto Rodríguez, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), dijo que después de las elecciones primarias del 12 de marzo "el Congreso retomará la reforma del artículo 335 del Código Penal para darle otra redacción".
En la revisión "se tiene que definir qué se entiende por apología y por terrorismo", explicó Rodríguez. "Hay voluntad de hacer los cambios que se necesiten" de parte del presidente del Congreso, Mauricio Oliva, "y también del presidente Juan Orlando Hernández", añadió.
El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que "bajo la idea de regular una libertad, no se puede llegar a suprimir esa libertad".
La Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó que las reformas al Código Penal "pueden tener un impacto negativo en el ejercicio y goce legítimos de las garantías y derechos humanos fundamentales y la protección y la promoción de la libertad de expresión en el país".
