2 mayo, 2016
La ambientalista y líder indígena fue asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza, Honduras.
La ambientalista y líder indígena fue asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza, Honduras.

Tegucigalpa

Cuatro personas fueron detenidas este lunes en Honduras por sospechas de participar en el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres en marzo pasado, informó a la AFP un portavoz de la fiscalía.

El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, indicó que cuatro personas habían sido detenidas por su posible implicación en el asesinato de Cáceres.

El Ministerio Público (fiscalía) informó en un comunicado que los detenidos son Sergio Antonio Rodríguez Orellana, Douglas Geovanny Bustillo, Mariana Díaz Chávez y Edilson Atilio Duarte Meza.

Indicó que "la acción promovida ante los tribunales de la República por el delito de asesinato en perjuicio de Berta Cáceres Flores y de asesinato en su grado de ejecución de tentativa contra testigo protegido (el mexicano Gustavo Castro, está) sustentado en evidencia probatoria (...) en pruebas científicas".

La captura, según el informe, se produjo en operativos policiales en la capital y en los puertos caribeños de La Ceiba y Trujillo.

Según medios locales, el detenido Rodríguez Orellana, de 49 años, es empleado de la empresa Desarrollos Eléctricos S.A. (DESA), con la cual Cáceres tuvo fuertes disputas.

La ambientalista, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada a tiros la madrugada del 3 de marzo por desconocidos que entraron a su vivienda en la localidad occidental de La Esperanza.

Durante el ataque, se encontraba junto a Cáceres el mexicano Gustavo Castro, quien resultó levemente herido.

Berta Cáceres gozaba de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de haber denunciado amenazas de DESA por encabezar movilizaciones contra la construcción de de una represa de esa empresa en el río Gualcarque, en las comunidades indígenas lencas.

Copinh, familiares y otras agrupaciones sociales exigen al gobierno nombrar una comisión con el apoyo de la CIDH para investigar el crimen de la ambientalista.

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