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A Galo Lara (primer plano) se le otorgó asilo político en Panamá, pero este lunes el gobierno canalero revocó el amparo. (El Comercio de Ecuador )
Panamá revocó el asilo otorgado hace siete meses al opositor ecuatoriano Galo Lara, condenado en su país a 10 años de cárcel por un triple crimen, en una medida inédita en la historia diplomática panameña, según expertos consultados este lunes por ACAN-EFE.
La Cancillería panameña informó este lunes sobre la revocación del asilo a Lara, y explicó que lo hizo porque “en reciente documentación remitida” por Ecuador “constató nuevos elementos procesales que dan plena certeza de la existencia de delitos comunes y no una persecución política” contra el político.
En un comunicado, la Cancillería añadió que Lara “violó en reiteradas ocasiones las disposiciones contempladas en la Convención Sobre Asilo Territorial de 1954, al emitir opiniones y ataques políticos contra las autoridades de la República del Ecuador”.
El decreto de asilo territorial a Galo Lara, publicado en gaceta oficial el 22 de octubre pasado, argumentó que la decisión panameña buscaba contribuir con la “estabilidad social y política en la región”, y velar por el respeto a los derechos humanos del beneficiado.
El exasambleísta por el partido Sociedad Patriótica pidió el 16 de setiembre pasado el asilo a Panamá con el argumento del “peligro que corría su vida de retornar a su país de origen producto de la oposición política en contra del actual Gobierno” que dirige Rafael Correa.
El Gobierno del presidente panameño saliente, Ricardo Martinelli, invocó además en el decreto de octubre pasado la tradición de Panamá como país de asilo, ya que a lo largo de los años ha acogido no solo políticos, expresidentes y exdictadores, sino a víctimas de las guerras centroamericanas y a quienes han huido la violencia en Colombia, entre otros.
Por ello, la revocación del beneficio a Lara es un hecho sin precedentes en la historia reciente de Panamá, aseguró a ACAN-EFE una fuente diplomática que pidió el anonimato.
También lo aseveró así el internacionalista panameño Nils Castro, quien dijo a ACAN-EFE que “lamentablemente Lara es el primero” al que Panamá revoca el asilo.
“Hay otros casos en los que se debería reconsiderarse el asilo erróneamente concedido”, opinó Castro, y citó específicamente el de la colombiana María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre de 2010.
Hurtado, exdirectora del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), es procesada en Colombia por el escándalo de interceptación de comunicaciones telefónicas durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
A juicio de Castro, en el caso de Lara el Gobierno panameño “ha procedido correctamente, aunque tarde, ya que la información de que (Lara) era un homicida era conocida desde hacía tiempo”.
El expresidente panameño Arístides Royo (1978-1982) dijo por su parte que no tenía registro en la memoria “de que se haya revocado anteriormente un asilo otorgado por Panamá”.
Ese beneficio del Derecho Internacional generalmente ha sido otorgado por razones políticas, como lo fue “el asilo que se le dio al Sha (de Irán, en 1979 tras su derrocamiento) y el que se le dio Abdalá Bucaram, quien fue presidente de Ecuador”, señaló Royo.
El exgobernante opinó que el asilo a Lara y la colombiana Hurtado han sido de “carácter jurídico”, y que nunca debieron haber sido otorgados “porque no había allí ningún atisbo de persecución política”.
“Creo francamente que cuando se dio el asilo a María del Pilar Hurtado y al señor Lara se violentaron las normas de lo que podríamos llamar derecho latinoamericano en materia de asilo político, que es una tradición muy latinoamericana”, remarcó Royo.
La larga e histórica tradición de asilo de Panamá incluye haber otorgado el beneficio al expresidente argentino Juan Domingo Perón en 1956, y más recientemente a los exgobernantes de Guatemala y Ecuador, Jorge Serrano Elías (1990-1993) y Abdalá Bucaram (1996-1997), respectivamente, y el exgeneral golpista haitiano Raoul Cedrás (1991-1994).
En junio de 2009, los tres fueron beneficiados con el estatus de asilo permanente aprobado por el entonces presidente Martín Torrijos (2004-2009), a escasas dos semanas de expirar su mandato.
