Managua
El Gobierno de Nicaragua otorgará a todo anciano mayor de 60 años, que haya cumplido al menos con 250 semanas cotizadas al Seguro Social, una pensión que oscilará entre $48,4 a $112,9 mensuales, así como asistencia en salud, ayuda técnica, entre otros.
“Los asegurados que han cumplido 60 años de edad, (y) que no acreditan el período de calificación prescrito en la Ley (de 750 semanas cotizadas), pero que han cotizado un tercio como mínimo (250 semanas) de dicho período, tendrán derecho a una pensión de vejez reducida proporcional”, explicó a medios oficiales la primera dama nicaragüense, Rosario Murillo.
Las personas mayores de 60 años que cotizaron desde 250 hasta 450 semanas recibirán una pensión de 1.200 córdobas (unos $48,4), precisó Murillo, también portavoz del Gobierno sandinista.
Los ancianos que cotizaron desde 451 hasta 600 semanas recibirán 2.000 córdobas (unos $80,7) y los que cotizaron desde 601 hasta 749 semanas, 2.800 córdobas (unos $112,9), detalló la funcionaria.
Esa pensión reducida de vejez fue aprobada el viernes pasado por el gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, en un acto público en el marco del 34 aniversario de la revolución sandinista.
Murillo indicó que esa decisión se convertirá “en obligación de Estado” entre hoy o mañana cuando está previsto se publique en el Diario Oficial, La Gaceta.
La decisión del Ejecutivo beneficiará a un número todavía no divulgado entre los 40.000 ancianos que calcula el Gobierno y los 25.000 que reporta la Unidad Nicaragüense del Adulto Mayor (UNAM) .
La pensión reducida de vejez la demandaban miles de ancianos que cumplieron con al menos 250 semanas cotizadas al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), como estaba establecido hasta 1994.
Murillo dijo que este lunes se reunieron con la directiva nacional de la UNAM, a quien además le garantizaron que mantendrán los demás beneficios que reciben en la actualidad.
Entre esos beneficios mencionó las ayudas técnicas y asistencias en salud, especializada y preferencial.
La decisión del Ejecutivo puso fin a una lucha que la UNAM sostenía desde 2005, y que alcanzó su clímax en junio pasado, cuando el Gobierno aisló a un grupo de ancianos que habían ocupado el edificio central del INSS en Managua, en reclamo por la llamada pensión reducida.