Por: Víctor Hugo Murillo S. 22 noviembre, 2015
RAFAEL MURILLO
RAFAEL MURILLO

No fue hasta que le leyó los cargos a la vicepresidenta guatemalteca Roxana Baldetti, y por los cuales ordenaba su detención, cuando el juez Miguel Ángel Gálvez se percató de la trascendencia del caso que tenía en sus manos.

Gálvez, de 48 años y vinculado desde hace 17 años al Organismo Judicial, dirige el proceso que involucra a Baldetti , al expresidente Otto Pérez Molina (ambos tuvieron que renunciar), a exfuncionarios y funcionarios de la administración tributaria y aduanas, y a 50 empresarios.

Todos son sospechosos de crear una organización, denominada “La Línea”, para defraudar al fisco de Guatemala mediante sobornos tendientes a autorizar el ingreso de contenedores sin el pago de los impuestos.

Gálvez estuvo en Costa Rica, la semana anterior, para participar en el VI Congreso Nacional de la Judicatura, durante el cual se discutió cómo abordar en el país la lucha contra el crimen organizado. La actividad la organizó la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud).

Gálvez encabeza el juzgado de Mayor Riesgo B, con asiento en la Ciudad de Guatemala.

¿Cuál es la trascendencia para Guatemala del caso de “La Línea” que usted tiene bajo su responsabilidad?

Ya se puede imaginar qué sé puede pensar de un proceso en el que se la ha quitado la inmunidad al (entonces) presidente la República (Pérez Molina), a la vicepresidenta (Baldetti) y, aparte, hay otros detenidos, como el exsecretario privado (Juan Carlos Monzón) de la exvicepresidenta , los superintendentes de administración tributaria, la intendente de aduanas, Claudia Méndez, y otros funcionarios del Ministerio de Finanzas y de las aduanas. Además, el proceso no ha parado y en cualquier momento se puede extender un poco más la investigación. Ahorita, para fines de mes, escucharemos las declaraciones de varios importadores.

”Un proceso de esta índole nunca se había dado en Guatemala, sí se han iniciado procesos contra personas que estuvieron en sus cargos, pero en contra de alguien que estaba detenido y todavía era el presidente de la República, nunca. Entonces, el proceso tiene características especiales y en determinados momentos eso genera una situación compleja en la sociedad y entre los mismos políticos”.

¿Cuál es el mensaje que este caso envían a la clase política y a la sociedad de su país?

Siempre he resumido que el mensaje se centra en el principio de legalidad constitucional: el sometimiento del funcionario a la ley. Es un proceso que ha generado muchas expectativas en Guatemala, indistintamente de que la sociedad empiece a tomar un papel protagónico en la fiscalización de todos los funcionarios porque se supone que son depositarios de la ley y lo que tienen que hacer es cumplir con ella.

¿Cómo valora el papel desempeñado por la Cicig en las investigaciones sobre “La Línea” y otros escándalos de corrupción? ¿Es correcto hablar de un antes y un después en Guatemala?

Es posible que se pueda hablar de un antes y un después. Ahora, hay que considerar que este proceso y otros por corrupción no son solo trabajo de la Cicig (Comisión Internacional Contra la Corrupción en Guatemala) . También está el Ministerio Público, que bajo la conducción de la fiscala general, Thelma Aldana, lo ha tomado con mucha seriedad con mucha seriedad, con mucha responsabllidad y con mucha mística. También actúa el Organismo Judicial para que el proceso vaya por buen camino, indistintamente de que se reconoce el papel de la Cicg con el apoyo de las unidades de inteligencia del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, que coordinó acciones con el Ministerio Público y la misma Cicig. O sea, es un equipo completo.

Sin embargo, Gálvez reconoce el “papel importante” de la Cicig por el respaldo internacional que tiene, la “seguridad especializada” para realizar este tipo de proceso y por la experiencia de su personal (“no es lo mismo un fiscal guatemalteco que un funcionario de la Cicig”).

Sin olvidar, advierte, el liderazgo del titular de la Cicig, el colombiano Iván Velázquez.

El juez va más allá y señala: “Considero que (sin la Cicig) hubiera sido un poco difícil (impulsar la investigación de “La Línea”). La situación del país como estaba antes del 16 de abril, cuando se inicia el proceso de La Línea, era de un panorama muy difícil: el mismo presidente (Pérez Molina) había dicho en forma pública que no iba a prorrogar el mandato de la Cicig”.

¿Cuáles son los sectores más afectados con las investigaciones del caso mencionado?

La clase tradicional de los políticos y también parte del sector económico porque en este proceso de “La Línea” no solo hay personas que recibieron (sobornos), sino personas que dieron, y por eso que ya pronto tendremos que escuchar a los importadores, los propietarios de los contenedores que iban a entrar a Guatemala.

En el plano personal y profesional, ¿qué significa para el juez Gálvez conducir un caso que ha generado amplia atención dentro y fuera de Guatemala?

Conforme se va extendiendo la investigación, es cuando uno empieza a recapacitar sobre qué tipo de proceso tiene entre manos. Cuando dicté la orden de aprehensión de la señora Baldetti estaba tan ocupado que no pensé en las consecuencias que iba a tener; nunca pensé en una participación de los medios, la sociedad civil y todo lo que iba a generar... hasta que salí a hacerle ver el motivo de la detención es cuando mis ojos se abren...

Miguel Ángel Gálvez admite que el caso le alteró su vida rutinaria “en todo sentido. Es más, hasta en la propia seguridad. En ciertos momentos, siempre existe cierto temor”.