Sosa presentó una acción de inconstitucionalidad contra un artículo de la Ley de Reconciliación Nacional, aprobada tras el fin de conflicto, que excluyó de la amnistía a militares e insurgentes acusados de genocidio, tortura y desaparición forzada, dijo una oficial de prensa de la Corte de Constitucionalidad.
El recurso fue interpuesto pocos días después de que la Fiscalía detuviera a 18 militares retirados bajo cargos de desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, cometidos entre 1981 y 1986 en el contexto del conflicto armado.
Entre los detenidos figura Benedicto Lucas, exjefe del Estado Mayor del Ejército durante la presidencia de su hermano Romeo Lucas (1978-1982), cuya gestión es considerada como una de las más oscuras durante la guerra de 36 años.
La institución armada emitió un comunicado en que afirma que la acción de Sosa “fue un sentir y actuar personal que no refleja ni cambia la posición institucional” del Ejército, de mantenerse al margen de los asuntos políticos y judiciales.
Sin embargo, señaló que el Ejército no puede ser “indiferente” a la coyuntura nacional y pidió a la Justicia acatar los principios de presunción de inocencia y debido proceso en los casos contra “soldados que sirvieron fielmente a la patria”.
El exdictador Efraín Ríos Montt (1982-1983), actualmente procesado por el genocidio de centenares de indígenas mayas-ixiles, mantiene una batalla legal para que se le otorgue una amnistía bajo una ley aprobada en 1986.
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