Acuerdo lo exime de corrupción de servidores y lavado de capitales

 25 febrero, 2015
El diputado y fiscal del caso, Pedro Miguel Gonaález, reconoció que “la pena que se le ha impuesto (a Moncada) está muy por debajo de la que la Asamblea Legislativa lo hubiese condenado”. | LA ESTRELLA DE PANAMÁ
El diputado y fiscal del caso, Pedro Miguel Gonaález, reconoció que “la pena que se le ha impuesto (a Moncada) está muy por debajo de la que la Asamblea Legislativa lo hubiese condenado”. | LA ESTRELLA DE PANAMÁ

Ciudad de Panamá. ACAN-EFe y AFP. El expresidente de la Corte Suprema de Panamá Alejandro Moncada Luna reconoció haberse enriquecido ilícitamente, por lo cual iría hasta cinco años a la cárcel, pero se libró de dos cargos más serios –entre ellos blanqueo de capitales– por los cuales pudo permanecer hasta 20 años tras las rejas.

El lunes en la noche, la defensa del exmagistrado y el fiscal del caso, el diputado Pedro Miguel González, llegaron a un acuerdo mediante el cual Moncada Luna aceptó ser culpable de los delitos de enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica.

Sin embargo, el convenio exime al exjuez –quien llegó a la Corte impulsado por el exmandatario Ricardo Martinelli– de los delitos de blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos. Por el primero, se exponía hasta 20 años de prisión.

Incluye además cinco años de inhabilitación en el ejercicio de la función pública y la entrega al Estado de dos apartamentos valorados en $1,7 millones.

Habrá castigo. Para el diputado fiscal del caso, lo convenido garantiza la “certeza de castigo” y baja la tensión social creada por uno de los casos de corrupción de más aslto perfil en los últimos años en Panamá.

La Constitución otorga al Congreso potestades para investigar y juzgar a los miembros de la Corte Suprema.

Según Pedro Miguel González, “existía la posibilidad de que, si no se llegaba a ese acuerdo extrajudicial, hubiera un veredicto que no llenara las expectativas de la ciudadanía, con consecuencias impredecibles”.

Ahora, las juezas de garantías (tres diputadas) deben decidir en una audiencia si aceptan el arreglo entre Alejandro Moncada Luna y la fiscalía parlamentaria para emitir una sentencia definitiva, posiblemente la próxima semana.

Una de las juezas, Ana Matilde Gómez, alabó la celeridad con que se está resolviendo el asunto. Argumentó: “El objetivo de la Justicia es el descubrimiento de la verdad lo antes posible (...) Este caso es un avance para la administración judicial”.

En cambio, otras voces expresaron disconformidad por el arreglo extrajudicial.

El presidente de la Cámara de Comercio, José Luis Ford, señaló la preocupación porque “se desestimen otros cargos contra la Administración Pública, posiblemente los más importantes para la sociedad”.

Alejandro Moncada Luna, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, está bajo detención domiciliaria. | LA ESTRELLA DE PANAMÁ
Alejandro Moncada Luna, expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, está bajo detención domiciliaria. | LA ESTRELLA DE PANAMÁ

El dirigente gremial agregó que la primera sensación que tuvo tras conocer el acuerdo fue que este es insuficiente.

“Posiblemente no queríamos un arreglo, queríamos que entráramos en un juicio (en el pleno legislativo), pero en el que posiblemente igual nos exponíamos a que (Moncada) no fuera condenado por las circunstancias (de la votación) o por lo que fuera”.

E n el plenario se requeriría el respaldo de dos tercios (48) de los 71 miembros de la Asamblea Legislativa para una condena.

La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) consideró que la admisión de culpa por parte del exmagistrado es positiva pues libra al país de una eventual crisis institucional en el Poder Legislativo.

Estimó que se dio un “primer paso para el adecentamiento de la Justicia y un efectivo combate a la corrupción”.

Moncada Luna fue separado por el Congreso de su cargo el 20 de octubre del 2014 y puesto en detención domiciliara.

Según las acusaciones, cuando Moncada tomó posesión de su cargo solo declaró un vehículo 4x4, un reloj de oro e ingresos anuales por $12.000.

Sin embargo, durante sus años como magistrado habría creado sociedades junto a su esposa para comprar dos apartamentos por $1,7 millones y tener, presuntamente a nombre de allegados, más de una decena de cuentas bancarias.

El exjuez no ha podido justificar el origen de su fortuna.