Washington. EFE. La Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó ayer un proyecto de ley que autorizará pagar retroactivamente los salarios de los funcionarios afectados por la parálisis parcial de la Administración federal en Estados Unidos, aunque continúa sin haber un acuerdo para restablecer la actividad.
Cuando se cumple ya el quinto día de paralización de la burocracia federal, los republicanos de la Cámara impulsaron una medida que deberá ser aprobada por el Senado, destinada a aliviar la incertidumbre de los miles de funcionarios que han sido cesados temporalmente por falta de fondos.
En una muestra rara de bipartidismo, la Cámara Baja, de 435 miembros, reunió 407 votos a favor y ninguno en contra. Según los indicios, la legislación cuenta con la simpatía de la Casa Blanca, pero anulará cualquier ahorro que hubiera podido hacerse como resultado de la suspensión de empleo y sueldo a unos 800.000 empleados.
El jefe del Pentágono, Chuck Hagel, fue el primero en aprovechar la circunstancia para ordenar la vuelta al trabajo de unos 400.000 empleados civiles del Departamento de Defensa, el mayor contingente entre los afectados por la paralización del Gobierno federal.
El Congreso ya había aprobado, al comienzo del conflicto –y el presidente Barack Obama la promulgó sin titubear– una ley extraordinaria para garantizar los pagos a todo el personal militar y los cuerpos de seguridad, que siguen en sus puestos pero no cobrarán hasta que la crisis acabe.
El Senado entró en sesión poco después del mediodía de ayer, pero no se ha fijado hora o fecha para la votación del proyecto o para su promulgación por parte de Obama.
Todo igual. La medida, por otro lado, en nada resuelve la parálisis de la Administración, que es resultado del rechazo de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes a aprobar una ley provisional de gastos en ausencia de un presupuesto regular.
Una facción del Partido Republicano, inspirada por el movimiento Tea Party, ha condicionado los fondos para el funcionamiento del Gobierno federal a la supresión de asignaciones para la aplicación de una reforma del sistema sanitario que el Congreso aprobó y Obama promulgó en 2010.
Los conservadores quieren forzar, a toda costa, una negociación sobre la ley sanitaria –que denuncian como totalitaria y ruinosa– y sobre la reducción drástica del gasto público, especialmente del destinado a subsidios y ayuda social.
Las encuestas indican que la mayoría de ciudadanos estadounidenses repudia la paralización, pero el estado de opinión contra el Partido Republicano no ha logrado todavía persuadir a sus 49 representantes y cinco senadores alineados con el Tea Party para que cesen su obstrucción.