Washington
El gobierno estadounidense manifestó este lunes su "profunda preocupación" por la "viciada" elección celebrada en Nicaragua el domingo, que ganó el presidente Daniel Ortega por tercera vez consecutiva.
"Estados Unidos está profundamente preocupado por el viciado proceso electoral presidencial y legislativo en Nicaragua, que negó la posibilidad de una elección libre y justa", afirmó el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, en un comunicado.
Toner recordó que previo a los comicios del domingo "el gobierno nicaragüense dejó de lado a los candidatos opositores, limitó el acceso a los observadores (...) y tomó otras medidas para denegar el espacio democrático del proceso".
"La decisión del gobierno nicaragüense de no invitar a observadores internacionales independientes degradó aún más la legitimidad de los comicios", añadió.
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Con 66,3% de los votos escrutados, Ortega arrasó con 72,1% de los votos frente a 14,2% para un lejano segundo lugar del candidato del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, en unos comicios que la oposición, excluida del proceso electoral, tachó de "farsa".
De esa manera el exguerrillero sandinista de 71 años fue electo presidente hasta 2021, junto a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta.
"Seguimos exhortando al gobierno nicaragüense a cumplir las prácticas democráticas, incluyendo libertad de prensa y respeto a los derechos humanos en Nicaragua", indicó Toner, evocando las obligaciones de los países firmantes de la Carta Democrática Interamericana.
"Seguiremos trabajando por el pueblo nicaragüense para lograr una Nicaragua más próspera, segura y democrática", añadió
La Cámara de Representantes del Congreso estadounidense aprobó en setiembre una ley que condicionaría el crédito internacional al país centroamericano a elecciones transparentes y supervisadas en los comicios del 6 de noviembre.
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De ser aprobada por el Senado y refrendada por el presidente Barack Obama, la denominada ley "NICA Act" (Condicionalidad a las Inversiones Nicaragüenses) impediría a Nicaragua acceder a fondos internacionales hasta que promueva reformas democráticas, que garanticen elecciones libres y supervisadas por observadores externos.