1 abril, 2016

San Salvador. AFP. El Gobierno salvadoreño emprendió una ofensiva para contener la violencia de las pandillas. Esta incluye más policías y soldados en las calles, y el aislamiento de los cabecillas en las cárceles, pero algunos analistas dudan de la eficacia de estas medidas.

Con una veintena de homicidios al día, atribuidos en su mayor parte a las violentas pandillas, El Salvador figura como uno de los países con mayor tasa de homicidios en el mundo.

Este jueves, el ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, presentó al Congreso un proyecto de ley que permitiría endurecer las medidas de control y seguridad en los centros penales durante un año.

La propuesta, que sería aprobada por los legisladores el viernes en su sesión plenaria, busca “mayor control, vigilancia permanente, registros constantes y traslados” en el sistema penitenciario, señaló el presidente Salvador Sánchez Cerén en un mensaje a la nación.

La normativa declara estado de emergencia por un año en por lo menos siete penales en los que se encuentran encarcelados pandilleros, a fin de realizar registros constantes de los presos y restringir las visitas familiares e íntimas.

De acuerdo con las autoridades, los líderes de las pandillas que están recluidos en las penitenciarías son los que giran las órdenes a sus seguidores en libertad para que ejecuten extorsiones o asesinatos.

A ello obedece la decisión de aislar a los cabecillas en los penales y bloquearles las señales de telefonía celular para “cortar toda posibilidad de comunicación de los grupos criminales con el exterior”, explicó el ministro Ramírez.

El proyecto prevé que a las empresas telefónicas que no ayuden a bloquear la señal en los penales, se les imponga una multa de $700.000 por cada día de incumplimiento, hasta llegar a la revocación de la licencia de operación.

El Salvador acumula un promedio de 22 asesinatos por día y las autoridades atribuyen la mayoría de las muertes a las pandillas, que cuentan con 70.000 miembros, de los cuales 13.000 están encarcelados.

Sin embargo, las acciones emprendidas por el Gobierno ante el azote de la violencia levantan dudas entre algunos analistas, que no están convencidos de su eficacia.

El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, presentó al Congreso a finales de marzo un proyecto de ley que permitiría endurecer las medidas de control y seguridad en los centros penales durante un año
El ministro de Justicia y Seguridad, Mauricio Ramírez, presentó al Congreso a finales de marzo un proyecto de ley que permitiría endurecer las medidas de control y seguridad en los centros penales durante un año

“Hay que ver esto con cautela, pues no son medidas que van a resolver el tema de la inseguridad, son medidas que atienden la necesidad de ejercer un mayor control y no van más allá”, aseguró la analista Jeaneth Aguilar, especialista en temas de pandillas.

El académico Dagoberto Gutiérrez, vicerrector de la Univesidad Luterana, consideró que un ataque a la violencia no debería considerar únicamente medidas de fuerza, pues ello podría derivar “en un agravamiento de la inseguridad”.

“Son acciones ante un momento de crisis, pero en donde no se planifica, no hay un trabajo integral que atienda las causas del problema y que tiene su origen en la pobreza, la marginación, y entonces la violencia puede seguir y quizá peor”, advirtió Gutiérrez.

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