Managua. AFP y EFE. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, podrá aspirar a un tercer periodo consecutivo, cuarto en el poder, tras la entrada en vigor ayer de una cuestionada reforma constitucional que amplía sus poderes y permite la reelección sin límites.
La enmienda derogó la norma que prohibía al presidente en funciones postularse a un segundo mandato sucesivo, así como la que permitía la reelección alterna por solo una vez después de un periodo de cinco años.
La nueva constitución también faculta a Ortega legislar en materia tributaria y emitir decretos con fuerza de ley. También podrá reactivar a militares y policías que están en retiro, y ubicar a los activos en puestos de gobierno.
Ahora Ortega, de 68 años, podrá aspirar a un tercer mandato sucesivo en los comicios del 2016, con el apoyo del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que ha apoyado de manera incondicional todos sus proyectos.
Ortega fue reelegido consecutivamente en el 2011, tras su retorno al poder en 2007, en virtud de un cuestionado fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia, que declaró inaplicable solo para él la norma que lo impedía.
Tendencia en la región. “La reelección es el origen de todos los conflictos y dolores que Nicaragua ha sufrido en su historia. Para nosotros eso es sumamente grave”, reaccionó la líder del Movimiento por Nicaragua (MpN), Violeta Granera.
El argumento de la oposición es que las reformas no fueron suficientemente consultadas y, por su impacto, necesitaban referéndum.
Con esta reforma, Nicaragua se inserta en la tendencia reeleccionista de la mayoría de países de América Latina, según la cual el presidente de turno “se puede reelegir mientras tenga pulso el corazón”, arguyó el presidente del organismo Ética y Transparencia, Roberto Courtney. El fenómeno comenzó con presidentes de derecha o centro-derecha que promovieron “reformas neoliberales”, según el profesor de Ciencias Políticas en el Centro de Investigaciones y Enseñanza Económica de México.
El académico admite que en los últimos años esa práctica ha sido habitual entre los “presidentes ‘boliviarianos’”; es decir, Hugo Chávez (fallecido en 2013); Rafael Correa en Ecuador, y Evo Morales en Bolivia (ambos elegidos por primera vez en 2006), además de Ortega .
Empero, el FSLN sostiene que la reforma busca profundizar la democracia, pues los ciudadanos con su voto son soberanos para elegir a su gobernante. “En esta reforma no hay nada novedoso, en la práctica tenemos casi 10 años de funcionar bajo los términos de la presente constitución, solo que ahora se tomaron la molestia de ponerlo por escrito”, dijo Courtney.
El diputado del Partido Liberal Independiente (PLI), Eliseo Núñez, estimó que “en realidad no va haber ningún cambio con esta reforma porque por las vías de hecho ya se estaba aplicando”.
El ciudadano ya venía resintiendo los efectos de esas medidas, tales como cumplir con el requisito de que, para trabajar en el Gobierno, se debe tener un aval de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que ahora se llaman Gabinetes de la Familia y fueron incorporados a la Constitución, agregó.
La oposición y sociedad civil califica estos órganos como instrumento político de control ciudadano, pero el Gobierno estima que son la expresión de la participación popular en la solución de sus problemas desde el territorio.
La entrada en vigencia de esta reforma pasó inadvertida para “un 60% de las personas que viven en supervivencia y están más preocupadas por como resolver lo inmediato”, dijo Granera.
“Las consecuencias no están visibilizadas todavía (...), la gente todavía no lo ve, pero cuando se instala una dictadura y comienza la confrontación, el sufrimiento es para toda la familia”, agregó.
Los cambios incorporan a la ley los nuevos límites marítimos en el Caribe con Colombia, tras la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de noviembre de 2012, que amplió las fronteras en unos 90.000 km². También dejó intacta la restricción para hijos, esposa, suegros u otros parientes del presidente de turno para ser electos en el periodo siguiente.