8 octubre, 2015

Ciudad de Guatemala

El exdictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio, será sometido a juicio luego de que la Corte de Apelaciones le negara este jueves un recurso para acogerse a una amnistía.

Para el abogado de la querellante Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR), Edgar Pérez, la resolución sienta un precedente en la justicia para otros casos que se pudieran dar en el futuro contra violadores de los derechos humanos durante el conflicto armado interno (1960-1996).

"Más que un éxito para los acusadores y un revés para la defensa de Ríos Montt, este fallo fortalece el sistema judicial guatemalteco", dijo el litigante, quien considera que la defensa ya no podrá intentar beneficiar al exdictador con una amnistía.

"Simplemente la resolución vino a confirmar lo que nosotros hemos planteado, que es inaplicable la amnistía a Ríos Montt por ser una ley que ya fue derogada", insistió.

Ríos Montt buscaba acogerse a una ley de amnistía que data de 1986, que ya no está vigente pues fue reemplazada por otra aprobada diez años después.

Efraín Ríos Montt encabezó un régimen de facto. | EFE
Efraín Ríos Montt encabezó un régimen de facto. | EFE

En esa ley de 1996, denominada de Reconciliación Nacional, quedó establecido que quedan excluidos de la amnistía los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada.

Pérez consideró también que si le otorgaba ese beneficio al exgobernante de facto, el país estaría contrariando tratados y convenios internacionales que obligan a investigar, procesar y castigar el delito de genocidio y violaciones de lesa humanidad.

"Consideramos de gran trascendencia la resolución de la Sala porque confirma que el delito de genocidio no puede tener amnistía", afirman las organizaciones querellantes en la nota de prensa.

Ríos Montt, de 89 años, enfrenta cargos por la matanza de 1.771 indígenas mayas ixiles del norte de Guatemala, perpetrada durante su régimen, entre 1982 y 1983, considerado el más sangriento de la guerra civil guatemalteca de 36 años.

Evaluación. El abogado Luis Rosales, parte de la defensa del general retirado, mencionó que no han sido notificados oficialmente de la negativa de amnistía, pero explicó que al recibir el expediente lo estudiarán para decidir si la impugnan.

"Lo primero que tenemos que hacer es analizar la resolución y sobre qué base se negó una amnistía que a todas luces es procedente", precisó Rosales, al señalar que una de las posibles acciones a seguir es la presentación de un amparo para revertir el rechazo de la amnistía.

El 10 de mayo del 2013, tras varios meses de audiencias, un tribunal encontró a Ríos Montt culpable de genocidio y lo condenó a 80 años de prisión, pero la sentencia fue anulada diez días más tarde por la Corte de Constitucionalidad debido a errores procesales, alegados por la defensa.

"La resolución vino a confirmar lo que nosotros hemos planteado, que es inaplicable la amnistía a Ríos Montt por ser una ley que ya fue derogada". Edgar Pérez, abogado de la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR),

El exdictador, quien fue diagnosticado con demencia en agosto pasado, se libró de un nuevo juicio ordinario por genocidio y en su lugar enfrentará — ausente y representado por sus abogados — un proceso especial que, de ser hallado culpable, no conlleva prisión.

El tribunal que atiende el caso fijó el nuevo juicio para el 11 de enero del 2016 a puerta cerrada, sin prensa y con la presencia de familiares de víctimas.

Los querellantes en el caso atribuyen el genocidio cometido durante el régimen de Ríos Montt a una política de exterminio contra el pueblo indígena maya-ixil, que los militares consideraban base de apoyo de los movimientos insurgentes durante la guerra civil.

Entre las pruebas que respaldan esa acusación, la Fiscalía y los querellantes han presentado planes y documentos del Ejército, así como una entrevista en video hecha a Ríos Montt cuando ejercía el poder.

Guatemala vivió una guerra de 36 años que dejó 200.000 muertos o desaparecidos, el 93% de las violaciones son responsabilidad del Estado, según un informe de la ONU.