Barack Obama retará a los republicanos con medidas unilaterales sobre inmigración

Washington

Unas dos semanas después de la derrota de su partido, el demócrata, en las elecciones legislativas, Obama prevé anunciar que ejercerá su autoridad presidencial para adoptar una serie de medidas que permitirán salir de la penumbra legal a millones de personas, la mayoría de origen latinoamericano. Las medidas aplazarán la deportación y facilitarán un permiso de trabajo a hasta cinco millones de documentados.

Lo que anunciará Obama consistirá, entre otras medidas, en decretos, que permiten al presidente legislar sin pasar por el Congreso, dominado por el Partido Republicano.

Los decretos están lejos de ser la ley migratoria ambiciosa que Obama impulsó en los primeros años de su mandato y tampoco se acerca a la reforma que promovió su antecesor, el republicano George W. Bush, una reforma que abría las puertas de la regularización a los más de diez millones de indocumentados.

El alcance ahora es más limitado: las personas que se acojan a las nuevas medidas no optarán a la green card, la tarjeta verde de residente permanente, paso previo a la ciudadanía. Y es provisional: el próximo presidente puede revocarlas. Pero las medidas representarán la mayor regularización de golpe desde que el republicano Ronald Reagan firmó una ley que legalizaba la situación de unos tres millones de sin papeles. Y es el primer intento serio de Obama de abordar la presencia de millones de personas que viven en la semiclandestinidad por falta de documentos.

Los republicanos cuestionan que personas que han entrado en EE. UU. sin pasar por los cauces legales puedan acogerse a una regularización exprés. Se trata, según este argumento, de una amnistía, palabra que connota criminalidad. Además, apelan al respeto de la división de poderes, uno de los pilares en los que se basa la democracia norteamericana, fundada en el rechazo a las monarquías absolutistas del siglo XVIII. Al frenar la deportación de millones de personas por la vía del decreto, Obama "excede su autoridad constitucional", en palabras de Michael Steel, portavoz del presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner. Steel se refiere al presidente como el 'emperador Obama'.

Boehner y Mitch McConnell, líder de la nueva mayoría republicana en el Senado, han avisado de que las medidas de Obama equivalen a una declaración de guerra del poder ejecutivo al legislativo. Amenazan con supeditar cualquier futura cooperación con el presidente a las medidas que presentará esta noche.

Pero no está clara cuál es la respuesta. Los republicanos están divididos. La facción más combativa ya habla de contestar a la provocación del presidente negándose a aprobar el presupuesto y provocando un cierre de la Administración federal, o incluso de un impeachment, un proceso de destitución como el que afrontó el presidente Bill Clinton, por un escándalo sexual, en los últimos años de su mandato.

Boehner y McConnell son más cautos. Creen que disponen de otros métodos menos estridentes para torpedear las medidas. Por ejemplo, negando fondos para que se apliquen o denunciando a Obama en los tribunales.