EscucharBogotá. (AP). La exsenadora Piedad Córdoba quedó nuevamente en el centro de una polémica y expuesta a una posible investigación judicial el jueves por instar a los indígenas a resistir a la fuerza pública e incluso señalar que se podría llegar a tumbar al presidente Juan Manuel Santos.
Sus declaraciones ocasionaron una dura recriminación del liberalismo, que es parte de la coalición de gobierno.
Las declaraciones de Córdoba fueron divulgadas en un video el miércoles por la noche en el noticiero de televisión CableNoticias.
“Uno no puede llegar a la casa del presidente y decirle le voy a montar una base militar aquí sin preguntarle siquiera, sin saber si la gente está de acuerdo”, se escucha decir a la ex senadora durante una reunión con indígenas y campesinos en la localidad de Miranda, en el norte del departamento de Cauca, al suroeste del país.
“Le decimos al Gobierno de una vez que vamos a resistir hasta lo que sea necesario y que vamos a acompañar a la comunidad, y que vamos a hacer la toma y que la presencia de la gente continúe hasta que tengan que llamar a la gente a llegar a un acuerdo”, añade.
“Nosotros vamos a recoger firmas para revocarle el mandato a los congresistas e inclusive deberíamos tumbar hasta el presidente de la República... No son frases (que digo) para que la gente simplemente nos siga la corriente, sino que nos tenemos que organizar”, añadió la exsenadora.
La fecha en que fueron realizadas estas declaraciones no es mencionada en el video, aunque la exsenadora hace referencia a temas de las últimas semanas como una abortada reforma constitucional para hacer cambios en el sistema de justicia.
El fiscal general, Eduardo Montealegre, solo indicó en la jornada a la radio RCN que analizarían el video.
Córdoba no respondió de inmediato a los pedidos de declaraciones.
El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dijo el jueves en una entrevista radial que las afirmaciones de la excongresista eran muy graves y que esperaba que la Fiscalía General abriera una investigación judicial, aunque no mencionó los posibles delitos.
El ministro declinó decir si demandarán o no penalmente a la exsenadora.
Las declaraciones de Córdoba tienen lugar en medio de las exigencias de indígenas nasa, que habitan en el norte de Cauca, y donde se registraron trifulcas de la fuerza pública con campesinos la semana pasada en las que murieron dos hombres en dos distintas localidades de aquella región.
Los nasa demandan desde inicios de mes la salida de militares y de la guerrilla del norte de Cauca asegurando que están cansados de quedar en medio de los combates, ser sus víctimas y que sus casas sufran daños.
Córdoba, exsenadora por el Partido Liberal, es conocida por sus declaraciones fuertes y espontáneas, posturas radicales y que en el pasado la han llevado a polémicas parecidas por pedir, por ejemplo, en discursos públicos que los países rompan relaciones diplomáticas con Colombia porque el país tenía en el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) “una administración paramilitar y mafiosa”.
La dirección liberal regañó a Córdoba entonces por considerar que una cosa eran sus posturas sobre el presidente y otra el Estado colombiano.
En su declaración, el Partido Liberal sostuvo que “ llegó el momento de decirle a la exsenadora que ni nuestro país ni nuestras instituciones tolerarán más insultos, ni más calumnias, ni más apología a la violencia.
”No es la primera vez que la exsenadora intenta construir capital político edificando una campaña sucia contra nuestro país y nuestras instituciones”, agregó el partido, que no mencionó una posibilidad de separación de Córdoba de la agrupación.
En setiembre de 2010 la Procuraduría General –que puede imponer sanciones disciplinarias a funcionarios y exfuncionarios– destituyó a Córdoba de su escaño senatorial alegando que sus contactos con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre 2007 y 2010 fueron más allá de gestiones para la liberación de secuestrados y discutió asuntos como estrategias para la defensa de encarcelados líderes rebeldes, financiación externa de las guerrillas, entre otros, acusaciones que Córdoba ha negado.
Entre 2008 y hasta inicios de este año las FARC han liberado y entregado a Córdoba a casi 30 retenidos como políticos, militares y policís, algunos de los cuales estuvieron más de una década de cautiverio.
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